La gota que derramó el vaso para la Fiscalía del Estado de México fue el linchamiento de extorsionadores integrantes de “La Familia”, en Texcaltitlán, a inicios de diciembre del año pasado. Las imágenes le dieron la vuelta al país. Pobladores, hartos del asedio, comenzaron a golpear a los criminales en una polvorienta cancha de fútbol del municipio, con saldo de 14 personas muertas.
La crudeza de las imágenes y el temor posterior de los habitantes llevó al equipo encabezado por el fiscal José Luis Cervantes a identificar que la raíz del problema y su principal obstáculo era la red de protección por parte de los policías municipales. Ellos eran los primeros en echar a perder los operativos. Daban el pitazo, ocultaban información o peor aún alteraban las escenas de los crímenes. Lo mismo en el sur que en el oriente. Ninguna novedad, pero si querían hacer algo de fondo, habría que empezar por ahí.
Otro ejemplo más reciente es lo sucedido durante la balacera del bar “Bling Bling”, de Cuautitlán, apenas hace un par de semanas. Los elementos municipales ayudaron a “El Kiko”, uno de los criminales objetivos, a salir de la escena con todo y que estaba herido, y al día de hoy no se sabe de él.
Ante la descomposición sistemática, un grupo especial de la Fiscalía comenzó a juntar los expedientes de acuerdo con las conductas registradas por cada punto y zona del estado. Uno de los primeros resultados fue el hallazgo de los dos pozos en Nicolás Romero, utilizados como fosas clandestinas por parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, en junio de este año. Creados con maquinaria especial para alcanzar 40 metros de profundidad y situados a los costados de un barranco, sirvieron para arrojar a las víctimas vivas. Si no morían del impacto, morían del hambre al paso de los días. De acuerdo con la investigación, los policías municipales no solo sabían de los pozos, sino fueron ellos quienes se los sugirieron a los criminales.
Al interior de los pozos había víctimas de dos circunstancias distintas. Unos eran conductores de taxis por aplicación desaparecidos y que posiblemente estaban vendiendo droga. Y otros, operadores de grupos locales del narco. Desde la Fiscalía se ordenó un operativo para detener a 11 policías municipales junto a su director. Ese día participó el Ejército y la Marina, y ahí tomó fuerza la necesidad de colaboración. Las fuentes relatan que “agarraron dormidos tanto a criminales como policías”, pero que con algo de resistencia las cosas se habrían podido complicar. Para su fortuna no pasó.
Semanas más tarde, la Fiscalía identificó que el jefe de la policía de Aculco organizó un retén falso para detener al comisario de Temascalcingo, en represalia por su cambio de bando de “La Familia” al CJNG y por incitar a sus vecinos de región a hacer lo mismo.
El Fiscal Cervantes le dijo a su gente que no iban a poder judicializar buena parte de esos asuntos, pero que los mandos y policías estában metidos en otros varios delitos menos llamativos, aunque también de mayor impacto y comenzaron a enfocarse en la extorsión y el secuestro. En septiembre vino el despliegue operativo y detuvieron a 4 comisarios municipales. Una vez más llegaron a la conclusión de que podían hacer acciones mucho mayores, pero se necesitaban respaldos y ahí descolgó el teléfono para hablar con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Ambos ya trabajaban desde que este último se encargaba de la CDMX y con gente de confianza. Vino el reencuentro y planearon el enjambre.
En la Fiscalía reconocen que el avance sería a cuentagotas sin Omar. Ahora la sospecha está en por lo menos otros 10 directores de seguridad pública que no se han presentado a trabajar desde el operativo.
Stent: Me contactó el equipo de la excanciller Alicia Bárcena. Aseguran que ningún sobrino o familiar de ella fue arrestado por ICE hace un par de días en Seattle por trabajar ilegalmente. Mis fuentes se sostienen. En el consulado se generó una movilización en la que incluso los funcionarios borraron sus imágenes de perfil en Whatsapp, después de que pedí una explicación.
