En comicios pasados, la violencia política era una peligrosa advertencia, una de las tantas amenazas para la viabilidad de nuestra democracia. Hoy esa violencia es una realidad cotidiana de la competencia electoral. Lo que comenzó como una excepción –una señal de alerta dolorosa, pero oportuna– se normalizó como uno de los factores centrales de las elecciones en México.
De acuerdo con un informe de Integralia, durante los primeros meses de 2025 fueron asesinados al menos 50 actores políticos en México. En total, se registraron 104 incidentes de violencia política en el primer trimestre del año. El decremento de casi 60% respecto del mismo periodo de 2024 podría parecer una buena señal, pero su explicación no es nada alentadora: simplemente se registran menos incidentes porque se disputan muchos menos cargos que en el proceso electoral pasado.
Este martes, asesinaron al exalcalde de Actopan, Veracruz, Esteban Alfonseca Salazar, y al exregidor Edmundo Martínez Pérez. Ese mismo día, el exlegislador priista Luis Armando Córdova fue acribillado en una cafetería de Zapopan, Jalisco. En esa misma entidad, el viernes pasado, Cecilia Ruvalcaba, regidora por Movimiento Ciudadano y jefa de enfermeras del Hospital Comunitario de Teocaltiche, fue asesinada mientras trabajaba en el centro de salud. Un caso más, tristemente emblemático, es el de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz, quien fue baleada durante un evento de campaña. Falleció con cuatro personas más.
Las distintas formas de violencia política –que van desde las amenazas hasta el homicidio– no distinguen colores ni siglas partidistas. Los políticos del oficialismo son quienes acumulan más incidentes, pero prácticamente todos los partidos han tenido víctimas mortales. La violencia homicida tampoco es exclusiva de un estado o región. Si bien Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero concentran la mayoría, se han registrado asesinatos políticos en 21 entidades del país.
En algunas regiones de México, el crimen organizado se ha convertido en un actor electoral no sólo influyente sino determinante, sobre todo a nivel municipal. Además de incidir en las elecciones mediante el financiamiento ilícito o la intimidación, en muchos casos decide directamente, mediante la violencia, quién puede participar en los comicios y quién no. En Veracruz, por ejemplo, 54 candidatos han solicitado protección a las autoridades en apenas dos semanas de campaña. No les motiva un temor infundado, sino una preocupación legítima sobre su integridad.
La violencia política generalizada evidencia la fragilidad institucional del Estado en los órdenes de gobierno locales, mucho más vulnerables frente al poder del crimen organizado. Ocho de cada diez víctimas se desempeñaban, habían ocupado o aspiraban ocupar cargos en gobiernos municipales (Integralia, 2025). Las organizaciones delictivas saben que el control territorial comienza por el control de las instituciones más inmediatas, cercanas y accesibles: las alcaldías.
Sin embargo, quizá la consecuencia más perniciosa de estas formas de violencia radica en su normalización. Los asesinatos políticos ya no ocupan las primeras planas, se han convertido en notas cotidianas, en estadísticas que se acumulan en informes especializados. La indignación se desvanece ante la impotencia, la impunidad y la frecuencia con la que suceden los incidentes violentos.
Es momento de reconocer que no se trata de casos aislados con motivaciones específicas, sino de una estrategia sistemática del crimen organizado para sustituir al Estado; para asumir y ejercer el control del poder político formal en sus comunidades. Debemos actuar cuanto antes para defender la esencia de nuestra democracia, antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones deben ser una expresión de la voluntad ciudadana, no una decisión de la voluntad criminal.
Diputada federal
