La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a sesiones extraordinarias para discutir distintos asuntos. La razón principal era aplazar la elección de personas juzgadoras para que no sea concurrente con los comicios del próximo año. Sin embargo, el oficialismo decidió aprovechar para poner en la agenda una serie de reformas que parecen anticipar medidas de control en caso de resultados electorales adversos.
Se discuten tres propuestas: la “reforma de la reforma” al Poder Judicial, la posibilidad de anular elecciones por “intervención extranjera” y el establecimiento de una comisión para garantizar la “integridad” de las candidaturas. Por separado, podrían parecer respuestas legítimas a problemas reales. En conjunto, representan los componentes de un blindaje diseñado especialmente para 2027.
El objetivo es que todas las medidas se aprueben a más tardar los primeros días de junio, para que puedan ser aplicables al proceso electoral que inicia en septiembre. Dos de las reformas son constitucionales, así que probablemente las legislaturas locales, controladas por Morena, volverán a imponer récord en los tiempos de su aprobación.
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Las modificaciones propuestas a la Reforma Judicial de 2024 son un reconocimiento implícito de su fracaso. La participación ciudadana en la jornada electoral del año pasado fue marginal, la complejidad de las boletas se convirtió en el principal argumento para el uso de los llamados “acordeones”, los Comités de Selección permitieron la postulación de candidaturas vinculadas al crimen organizado. Más allá de ese cuestionado ejercicio electoral inicial, tres décadas de profesionalización fueron sepultadas en pocos meses. Las consecuencias están a la vista: la certidumbre jurídica está prácticamente desmantelada.
Menos de dos años después, es el propio Ejecutivo quien propone aplazar la siguiente elección judicial sin corregir la concurrencia electoral en los próximos años ni, mucho menos, las insuficiencias de fondo. Al contrario, ahora se pretenden imponer a las entidades federativas métodos como la insaculación pública, en lugar de permitir que cada estado diseñe sus mecanismos para garantizar la idoneidad de sus aspirantes a cargos judiciales.
También se modifica uno de los artículos transitorios de 2024 para ampliar –por segunda ocasión– el periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La medida parece una recompensa por sus sentencias favorables al oficialismo.
El resto de las iniciativas avanzan en paralelo. Una introduce como causal de nulidad electoral la “intervención extranjera”, definida ambiguamente como la intención de influir en los resultados. La otra crea una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, que recibiría listados de aspirantes para evaluarlos junto con autoridades de seguridad e inteligencia.
En el papel, cada iniciativa responde a preocupaciones legítimas: proteger la soberanía electoral y evitar candidaturas de personas vinculadas a intereses criminales. En los hechos, esas herramientas podrían ser utilizadas discrecionalmente contra las oposiciones partidistas.
Imaginemos el siguiente escenario: un candidato competitivo de oposición es identificado como una candidatura “de riesgo” por la comisión del INE, a partir de información de inteligencia que no es pública. Su partido decide no postularlo, o peor aún, se filtra la información para golpearlo mediáticamente.
Supongamos que logra avanzar y gana. Entonces bastaría con que algún medio extranjero reporte su caso –o que algún representante de un organismo multilateral exprese su preocupación por el posible uso indebido de las nuevas reglas– para que el oficialismo impugne la elección ante el Tribunal Electoral, argumentando precisamente “intervención extranjera”. La máxima instancia jurisdiccional sería la Sala Superior: las mismas magistraturas cuyos periodos se extenderán hasta 2028.
En cualquier caso, el riesgo es que una elección pueda ser anulada mediante mecanismos institucionales sin criterios transparentes, con un amplio margen de discrecionalidad.
Los peores abusos pueden o no ocurrir; pero el sistema está diseñado para que puedan suceder, y eso es suficientemente grave. Si la arquitectura institucional permite distintas vías de control electoral sin criterios claros, se debilita la certeza de que la voluntad ciudadana será respetada. Sin esa certeza, lo que está en juego es la democracia.
Diputada federal
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