Hace dos semanas dediqué mi colaboración a hacer un balance legislativo del año pasado, marcado por la aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por el extitular del Ejecutivo. En el inicio de 2025, nos encontramos ante una realidad que ofrece más incertidumbre que certezas. A partir de ahora, la implementación de cada una de las reformas revelará sus verdaderos alcances.
En el presupuesto para este año, el oficialismo avaló grandes recortes en áreas esenciales como educación, salud y medio ambiente. El primer PEF hecho por la administración de Claudia Sheinbaum logró reducir el irresponsable déficit fiscal de su antecesor, pero está prácticamente comprometido por los programas sociales, las pensiones y el costo del servicio de la deuda. En el ejercicio de los recursos, se hará cada vez más evidente la necesidad de una reforma hacendaria.
Uno de los principales retos en 2025 será la implementación de la reforma al Poder Judicial: una modificación carente de referentes nacionales o internacionales que amenaza la independencia de las y los juzgadores y plantea un desafío logístico sin precedentes: la organización de la primera elección judicial en la historia de nuestro país. El INE deberá organizar el proceso sui géneris para renovar la mitad de los cargos judiciales federales en junio. Tendrá que realizar esa tarea monumental en tiempo récord, con un presupuesto limitado que pone a prueba sus capacidades. El gobierno y sus mayorías se negaron a proporcionarle los recursos necesarios para garantizar la integridad de este proceso. Si la elección fracasa, el oficialismo culpará al Instituto.
Cuando se discutió la reforma para eliminar los órganos autónomos, se aprobó una modificación para asegurar cierto grado de independencia en un organismo público descentralizado, a cargo de regular la competencia económica, el sector energético y las telecomunicaciones. No fue una simple concesión, es una obligación de México en más de un tratado de integración comercial, especialmente en el T-MEC. El desempeño eficiente e imparcial de la nueva dependencia durante este año será fundamental para la renegociación trilateral en 2026.
En el oscuro panorama de las reformas controversiales aprobadas el año pasado, destaca como una excepción positiva la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo en las plataformas digitales. Se trata de un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la economía digital, que merecerá seguimiento para no cancelar un modelo de actividad económica. Este mes comienza el periodo de transición para que las plataformas garanticen las prestaciones de seguridad social a sus trabajadores. Los programas piloto y la evaluación periódica permitirán hacer los ajustes necesarios para que la reforma haga compatibles los derechos laborales con la competitividad de las empresas.
Este 2025 será el año en que comenzaremos a experimentar los efectos de todas las recientes modificaciones a nuestra Ley Fundamental. La desaparición de instituciones autónomas, la militarización de la seguridad pública, la elección popular de juzgadores, la limitación del control judicial y la nueva relación entre poderes marcarán un punto de inflexión en la vida institucional, pero también en la cotidianidad de las personas.
Nuestra historia nos enseña que los cambios jurídicos e institucionales más duraderos y exitosos son aquellos que surgen del consenso y el respeto a la pluralidad política. Las reformas impuestas por una mayoría ilegítima que ignora a la mitad del electorado difícilmente pueden considerarse la base de un nuevo pacto social. El gran desafío en 2025 será comenzar a reconstruir –poco a poco– los espacios de diálogo que la mayoría ha decidido cancelar.
Diputada federal
