El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha vuelto a confrontarnos con la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país en materia de desapariciones. Este centro de operaciones del crimen organizado se ha convertido en el rostro más visible de una tragedia nacional que la sociedad mexicana ha padecido por lustros. Una deuda persistente del Estado con la población.
En México se registran más de 126,000 personas desaparecidas o no localizadas. Desde el inicio de la actual administración, 40 personas se suman a esta cifra escalofriante cada día: más de una persona cada hora. El caso de Teuchitlán ha revelado, además, otra arista de la crisis: el reclutamiento forzado de jóvenes, una industria criminal que lucra con la desigualdad y la falta de oportunidades.
La violencia, la impunidad y la insuficiencia de las capacidades del Estado frente a la magnitud de esta crisis han obligado a miles de familias a organizarse en colectivos de búsqueda. Son las propias madres quienes buscan a sus seres queridos, enfrentando amenazas y riesgos mortales. Este mismo miércoles, se confirmó el lamentable deceso de la buscadora Teresa González, quien fue gravemente herida en un intento de secuestro en su propia casa.
El viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una propuesta para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Población.
La iniciativa presidencial contempla medidas como la unificación de bases de datos forenses, el fortalecimiento de la coordinación, la inclusión de las corporaciones de seguridad en el Sistema Nacional de Búsqueda, así como la obligación de activar mecanismos inmediatos en casos de desaparición. También plantea la creación de la Plataforma Única de Identidad y un renovado intento de establecer la CURP –con fotografía y huellas dactilares– como documento de identidad oficial.
Sin duda, la propuesta gubernamental es una reacción necesaria frente a una crisis cada vez más grave. No obstante, entre las modificaciones planteadas se contemplan medidas sumamente preocupantes, como la obligación –para autoridades como para particulares– de permitir a policías y fiscalías el acceso irrestricto e inmediato a prácticamente cualquier base de datos, incluidos biométricos, bajo la amenaza de sanciones económicas.
Esta medida, exenta de controles judiciales, pone en riesgo la protección de nuestros datos personales más sensibles. Y lo más grave: ante posibles escenarios de complicidad o colusión entre autoridades y crimen organizado, el acceso irrestricto a datos personales podría abrir la puerta al uso indebido de la información disponible. Las consecuencias podrían ser desastrosas.
Nos enfrentamos a una contradicción: las propuestas que buscan fortalecer las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas podrían convertirse, al mismo tiempo, en herramientas de vigilancia masiva –potencialmente violatorias de derechos fundamentales– al servicio del gobierno en turno. No podemos permitir que la crisis de desapariciones se convierta en un pretexto para justificar medidas desproporcionadas que amenazan nuestros derechos.
Las desapariciones representan una tragedia nacional que no se resolverá con el acceso indiscriminado del gobierno a cualquier base de datos pública o privada. México necesita una estrategia integral: con responsabilidades definidas, con garantías presupuestales para todas las instituciones involucradas, con personal especializado y recursos suficientes para enfrentar desafíos como el rezago en las carpetas de investigación o la identificación de restos humanos.
La crisis nacional es mucho más grande que Teuchitlán. Es un desafío de Estado que exige soluciones de Estado. En Jalisco, el gobierno de Pablo Lemus ha actuado con firmeza, transparencia y corresponsabilidad con las autoridades federales para atender este caso. Hacia adelante, debemos articular una respuesta capaz de trascender órdenes de gobierno, administraciones coyunturas mediáticas y agendas partidistas. Sólo así será posible garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Mientras en el Congreso Federal se discuten reformas con implicaciones cuestionables, cientos de madres siguen buscando entre fosas clandestinas a quienes el Estado no ha podido encontrar. Es urgente construir los consensos que nos permitan superar esta crisis.
Diputada federal
