Comisión de Integridad: derrota del Estado

En 2018, 152 asesinatos marcaron el proceso electoral (Etellekt). En 2021 fueron 102, con 36 candidatos entre las víctimas. El primer trimestre de 2025, Integralia contó 50 actores políticos asesinados y 104 incidentes de violencia política. Las acciones criminales no se detienen cuando concluyen las campañas: en lo que va de la actual administración, se han registrado 12 asesinatos de presidentes municipales en el país.

Si bien es la forma más visible de la intromisión del crimen organizado en nuestra democracia, no es la única. También están la negociación con candidatos, el financiamiento ilegal, e incluso el control de las postulaciones de los partidos políticos.

Este lunes, la consejera presidenta del INE se reunió con parte del gabinete de seguridad del Ejecutivo para fortalecer la coordinación de cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027 y los 17 procesos locales concurrentes, que inician en menos de seis semanas. No obstante, la amenaza criminal sigue sin una respuesta efectiva por parte del Estado.

Existe un protocolo de protección de candidaturas: el INE recibe la solicitud y la turna a la Secretaría de Seguridad, que se coordina con Guardia Nacional y SEDENA, de acuerdo con el nivel de riesgo. Sin embargo, dicho mecanismo sólo se activa cuando un candidato solicita protección tras recibir una amenaza. Es indispensable, pero llega después de que el riesgo ya se manifestó y, por ello, resulta incapaz de anticipar dónde golpeará el crimen.

Con el propósito de evitar la infiltración formal del crimen en los comicios, en cambio, se diseñó una cuestionable Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Los partidos deciden voluntariamente si someten a revisión a sus aspirantes, a través del INE. Una mesa integrada por la FGR, la UIF, el CNI y la CNBV evalúa posibles vínculos criminales y entrega un informe confidencial al partido solicitante. En ningún momento el INE tiene la facultad de calificar una candidatura, mucho menos de objetar a un aspirante.

Dejemos de lado, por ahora, los muy posibles usos políticos de la comisión. Para ser realmente funcional, exigiría al menos tener carácter obligatorio y general, tener estándares mínimos, transparentes e impugnables, así como vincular los hallazgos con carpetas de investigación. Que un eventual nexo con el crimen organizado produjera consecuencias penales, y no sólo una alerta confidencial a los partidos.

Lorenzo Córdova calificó el mecanismo como innecesario, tramposo y, sobre todo, peligroso para un instituto que cargaría con la responsabilidad pública de frenar “narcocandidatos” sin tener facultades para hacerlo. En mayo, la propia consejera presidenta del INE advirtió que el instituto “no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política”.

El asunto de fondo es mucho más grave. Un Estado no crea una comisión para contar cuántos de sus candidatos a cargos de elección popular están al servicio del crimen organizado si cree que puede impedirlo. La crea sólo cuando decidió administrar una realidad que no puede o no quiere enfrentar.

Esa es la verdadera renuncia detrás de la nueva comisión. No es falta de recursos ni un vacío jurídico. El Estado ha dejado de combatir el poder criminal con la convicción necesaria. En su lugar, comienza a tratarlo como parte de la normalidad democrática. En un enfoque proactivo, las instituciones de seguridad e inteligencia, que van a filtrar las candidaturas, usarían sus capacidades para anticipar y prevenir los ataques contra quienes compiten. Podrían fortalecer la protección de todas las candidaturas en riesgo potencial, en lugar de gestionar las amenazas sobre unas cuantas.

Hoy la protección sigue siendo reactiva, mientras la infiltración criminal sólo se registra y se administra. No se combate. Son dos derrotas distintas con la misma resignación de fondo.

Reconocer una realidad no es rendirse a ella; pretender normalizar la derrota como fatalidad inevitable, sí lo es.

Diputada federal

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