La historia del constitucionalismo en México es marcadamente zigzagueante. Para frenar la volatilidad, el artículo 135 diseñó un candado: reforma válida sólo con el voto de dos terceras partes del Congreso y la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Sin cláusulas de intangibilidad, el candado se volvió una bisagra flexible. Con más de ochocientas enmiendas, la Constitución es hoy un palimpsesto jurídico que, lejos de consolidar un pacto social estable, refleja siempre la coyuntura política cambiante del país.
La prueba más reciente es la reforma judicial que se discutirá en los próximos días. Su emblema: aplazar las elecciones judiciales al primer domingo de junio de 2028. El argumento: “descongestionar” la jornada de 2027 y aliviar la carga del INE; en los hechos, la prórroga amarra la renovación de jueces a la recta final del próximo sexenio. El calendario, antes dato técnico, se vuelve capital político.
La iniciativa crea una Comisión Coordinadora tripartita (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) encargada de depurar padrones y diseñar exámenes. En teoría garantiza homogeneidad y paridad; en la práctica concentra la llave de entrada a la judicatura en manos de quienes redactan las reglas. Cuando el poder político decide quién puede juzgarlo, la independencia se desplaza de los principios a la diplomacia.
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También se revierte la cirugía de la pasada administración, que suprimió Salas especializadas para obligar a la Suprema Corte a sesionar sólo en Pleno bajo la bandera de la transparencia. Aquella reducción colapsó la capacidad técnica de la Corte para resolver miles de asuntos. Hoy se propone el péndulo opuesto: reactivar dos secciones internas para aligerar la carga y generar criterios más específicos. La oscilación confirma que la política judicial mexicana se mueve al ritmo de intuiciones sexenales, no de diagnósticos de largo aliento.
Se impone a los estados un espejo federal: elecciones locales de jueces con idénticos criterios, menos candidaturas en la boleta y escrutinio inmediato en casilla. Añade capacitación obligatoria, prelación por número de votos para cubrir vacantes. Sobre el papel suena coherente; en la práctica, trasplantar un modelo único a realidades tan dispares como Chiapas o Sonora puede agravar desigualdades y contaminar la judicatura con lógicas partidistas.
México precisa reformas, pero urge más un marco constitucional que genere certidumbre. Aplazar elecciones, modificar la arquitectura de la Corte y multiplicar filtros burocráticos sin blindar la autonomía judicial puede producir el efecto contrario: un tribunal poderoso en apariencia, frágil en legitimidad y rehén de quien controle el calendario. Lo que se juega en las próximas sesiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión, no es sólo la agenda judicial del 2028; es la apuesta a una justicia que se distinga por su firmeza y no por caminar sobre la arena movediza.
Autores como Tocqueville y Montesquieu advirtieron del precio que pagan las naciones cuando sus leyes fundamentales se vuelven volátiles, conviene escucharlos antes de que los vaivenes políticos exijan otra reforma.
Es tiempo de mujeres.
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