En un acto reciente en Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a casi un año de su gobierno, adquirió un compromiso especial con las mujeres, en particular con las indígenas, un sector olvidado por años que ha sido históricamente invisibilizado y excluido.
Las cifras oficiales confirman la magnitud del desafío. Según la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica de Demográfica, (ENADID) existen aproximadamente 7.0 millones de personas indígenas de 3 y más años, de los cuales 52.3% son mujeres, las entidades con mayor concentración de mujeres hablantes de lengua indígena, son Chiapas, Oaxaca y Veracruz, también debemos tener en cuenta que hay 1.6 millones de mujeres afrodescendientes.
Para este grupo etario la brecha educativa es profunda: la población indígena de 15 años y más, alcanzó en promedio (6.5 grados) de escolaridad, frente a (10.6 grados) en la población no indígena; esa diferencia se amplía entre las mujeres: (6.1 grados) en indígenas, contra (10.5 grados) en no indígenas, además, el 24% de las mujeres indígenas, no asiste a la escuela, frente a 12.3 de las no indígenas.
Respecto a la violencia contra las mujeres indígenas, los índices resultan alarmantes, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH, INEGI) registra que, alrededor de 59% de las mujeres indígenas ha sufrido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o laboral). El 43.9% reportó violencia perpetrada por la pareja actual o última, la violencia emocional fue la más frecuente 38.9%, seguida de la económica o la patrimonial con 21.5%, la física con 20.8% y la sexual con 7.7%.
También el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, permanece severamente limitado, en el informe “Mujeres Indígenas”, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se describen diversos obstáculos, tanto en los sistemas de justicia comunitarios, como en los estatales, identificados por prejuicios patriarcales en procedimientos indígenas, racismo, barreras culturales e idiomáticas, insensibilidad de operadores jurídicos y desconocimiento de derechos en el sistema estatal; además de la distancia geográfica y la escasez de políticas públicas específicas.
En dicho informe se recomienda que, para incrementar el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, los estados deben actuar con la debida diligencia y aplicar una perspectiva integral en el sistema judicial, tomando en cuenta las particularidades de las mujeres indígenas, su género, sus condiciones socioeconómicas, su situación especial de vulnerabilidad y su cultura.
El anuncio de la presidenta coloca el tema en la agenda pública, pero las cifras oficiales muestran que la promesa enfrentara retos estructurales y culturales muy profundos; la pregunta que queda para las autoridades es: cómo traducir el compromiso en medidas concretas y financiamiento sostenido, que reduzcan la violencia y garantice el acceso efectivo a la justicia para las mujeres indígenas en México.
Es tiempo de mujeres.
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. @celiamsasaki
