México vive un momento histórico. Por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República: Su triunfo no es un hecho aislado, es la culminación de décadas de lucha, por el derecho de las mujeres a participar plenamente en la vida pública.
Hace 25 años, sólo una de cada cinco curules estaba en manos de mujeres; hoy México es referente mundial con congresos estatales paritarios, donde la presencia femenina es norma. Además, la Suprema Corte eligió recientemente por primera vez a una presidenta y cuenta con un pleno de cinco ministras; tribunales como el de Justicia Administrativa de la CDMX y el Tribunal Electoral, también han avanzado en permitir el acceso de las mujeres a cargos decisorios.
Pero el Poder Judicial de la CDMX continúa siendo un bastión patriarcal. Han transcurrido más de cuarenta años desde que una mujer presidió el Tribunal Superior de Justicia. La excepción histórica —Clementina Gil Guillén— no se ha traducido en continuidad ni en una política sostenida de acceso igualitario. No se trata de falta de talento: las mujeres han demostrado capacidad, vocación y méritos en todos los ámbitos judiciales. El problema es estructural: prácticas internas, redes de poder y resistencias culturales que interpretan la paridad como concesión y no como mandato, como un derecho. Por ello, ¡necesitamos un cambio urgente! Para establecer una agenda clara que consolide un Poder Judicial abierto, transparente y con perspectiva de género.
La deuda es histórica con las mujeres, nos costó mucho acceder a espacios para estudiar derecho, después de lucha “nos dejaron estudiar”, pero fuimos y seguimos siendo invisibles para ejercer el poder en el ámbito judicial.
No se trata de falta de capacidad. Desde María Asunción Sandoval Olaes, quien fue la primera abogada mexicana, que en 1898 defendía casos de mujeres criminalizadas por una misoginia feroz, hasta María Cristina Salmorán de Tamayo, primera ministra de la Suprema Corte en 1961, las mujeres han demostrado su talento y vocación por la justicia. Ellas derribaron muros en épocas donde apenas podíamos ser consideradas ciudadanas que podían votar y ser votadas.
Aplicar la ley para la paridad en todo es un mandato legal y un compromiso internacional. La CEDAW, en su Recomendación General Nº40, exige a México garantizar paridad 50/50 en todos los espacios decisorios, formales e informales. Esto obliga a eliminar obstáculos que impiden la participación igualitaria de las mujeres y asegurar su acceso a los más altos cargos del poder judicial.
El sistema patriarcal normalizó la idea de que las mujeres sólo pueden llegar “a veces” y “con suerte” a la presidencia de instituciones clave. Ese tiempo se acabó. La paridad en todo es ley, y la deuda histórica con las mujeres en el Poder Judicial de la CDMX debe saldarse ¡YA!
La llegada de una mujer a la presidencia judicial no será un favor ni un premio: será el cumplimiento de un derecho constitucional y un paso imprescindible para recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
Porque la justicia que no es paritaria, no es justicia.
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX