Hace décadas, miles de voces han exigido cambios ante a la discriminación y violencia que enfrentan las mujeres. Lo que inició como una demanda de colectivos se convirtió en un clamor nacional, porque la violencia de género se normalizó como parte del paisaje cotidiano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su toma de protesta declaró que el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva reforzada es un principio fundamental del humanismo mexicano. Esta afirmación marca una ruptura con el pasado: por primera vez desde la Presidencia, se reconoce a la lucha por la igualdad como eje central del desarrollo nacional.
Pero ¿cómo hablar de dignidad y libertad en un país donde a las mujeres se les ha negado históricamente el acceso equitativo a la educación, al empleo, la política y a una vida libre de violencia?
Para que este principio no quedara en el discurso, el gobierno incorporó como eje transversal en el Plan General de Desarrollo 2025–2030, con el objetivo de hacer a las mujeres protagonistas del desarrollo. Se adopta un enfoque interseccional, que reconoce la diversidad y combate desigualdades múltiples.
Entre las acciones clave del Plan destacan:
Reformas normativas con perspectiva de género.
Justicia sin revictimización.
Refugios, fiscalías especializadas y órdenes de protección inmediatas.
Prevención y erradicación de la violencia de género.
Así surge el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), un plan estratégico coordinado por la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, para garantizar atención, justicia y empoderamiento. En el contexto de este programa se conforma las Abogadas de las Mujeres, una Red de 838 profesionistas que brindaran atención, asesoría y acompañamiento jurídico especializado en materia de protección, atención, y erradicación de las violencias contra las mujeres, con lo que se garantiza que ninguna mujer enfrente sola al sistema judicial.
Aunque la estrategia planteada por el gobierno es un paso significativo, el mayor desafío será enfrentar la resistencia estructural que aún persiste dentro del sistema judicial, ya que si bien se ha avanzado en la incorporación de la perspectiva de género en el dictado de sentencias, cierto es que muchas mujeres siguen siendo tratadas con desconfianza, incluso cuando son víctimas. La problemática se profundiza al ser imputadas, ya que suelen enfrentar un “doble castigo”: uno por el delito y otro no ajustarse al estereotipo tradicional de la mujer.
El informe Hallazgos 2023 Ciudad de México, de México Evalúa, documentó que solo 37 % de las mujeres acceden a medidas cautelares en libertad, frente al 42.7 % de los hombres, ambos por debajo del promedio nacional de 50.4 %. Esta disparidad sugirió sesgos de género en los criterios judiciales, en tanto que el informe de 2021 señalo que, a nivel nacional, el 27.4 % de las mujeres en prisión preventiva pasan más de dos años sin sentencia, mientras que los hombres en igual condición reciben resolución en menos de un año. Las cifras revelaron una discriminación sistemática y una justicia desigual.
¿Qué sigue?
La transformación impulsada por el gobierno no queda en el discurso, enfrentará desafíos profundos. Desmontar los mecanismos patriarcales en la administración de justicia será fundamental. Para lograrlo, se necesita mayor participación de mujeres y el compromiso activo de quienes imparten justicia. México tiene hoy la oportunidad de cambiar el rumbo: ya se colocaron los cimientos para transitar del discurso a una justicia real que escuche, respete y acompañe a las mujeres, libre de prejuicios.
Es tiempo de mujeres.
