La noche del domingo 22 de febrero, el gobierno federal informó que, como respuesta al operativo en contra del CJNG, en el que fue matado Nemesio Oseguera Cervantes ꟷEl Menchoꟷ y detenidas otras personas, se habían registrado “252 bloqueos en 20 entidades” del país. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas registraron “eventos focalizados y bloqueos aislados”. En Jalisco hubo 65 bloqueos en “carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas”, sin contar las que continuaron durante la noche y madrugada. En la conferencia mañanera de Presidencia se informó que, además, se documentaron 27 ataques directos en contra de las autoridades. Además, murieron 27 elementos de seguridad (25 de la Guardia Nacional) y 30 personas que identificaron como delincuentes.
Muchos analistas aplaudieron ꟷen columnas de opinión, entrevistas y redes socialesꟷ el operativo como un logro de la estrategia de seguridad federal. Ciertamente, si el objetivo era eliminar al líder de la organización, se puede afirmar que fue un éxito. Sin embargo, el arresto (o ejecución) de objetivos prioritarios no es algo nuevo y sus consecuencias son bien conocidas en México. A pocos meses de cumplir 20 años de la declaración de la guerra en contra del narcotráfico, contamos con amplia evidencia de los efectos que estos operativos tienen: mayor violencia a corto, mediano y largo plazo; la atomización de organizaciones criminales que adquieren armas de mayor poder para competir entre sí y con el Estado; una disminución en las capacidades de instituciones de seguridad civiles y el empuje hacia un estado más punitivo, más militarizado y con más reglas de excepción procesales (o dicho de otra forma, menos control de la autoridad y menos derechos para la ciudadanía). Específicamente, los resultados de la estrategia de detención de capos para reducir violencia son malos, ahí está Sinaloa como último botón de muestra. La muerte de “El Mencho”, como la de Arturo Beltrán Leyva hace 17 años, el arresto de “El Chapo” o de “El Mayo Zambada”, tampoco sirven para reducir los mercados ilícitos (ya sea de sustancias, huachicol, armas o personas) o desmantelar redes criminales. La muerte de El Mencho cambiará las estructuras pero, por sí misma, no va a disminuir las conductas criminales.
Nadie, creo, critica que sea detenido un delincuente, líder o no de una organización criminal, pero no queda claro qué sigue. El operativo mostró que el CJNG tiene capacidad de movilizar a personal en más de la mitad del país, e inmovilizarlo. El mapa de carros, autobuses, comercios incendiados, de bloqueos en carreteras y balaceras, es un mapa de la crisis de gobernanza que vive el país. Es también evidencia de la falta de previsión que hubo para proteger a la población civil y del desamparo en el que vivimos. Más allá de eliminar un líder criminal, ¿cómo va a tomar el Estado mexicano control de los mercados clandestinos, detener el ingreso de armas, la extorsión, la minería ilegal o el huachicol? ¿Habrá investigaciones sobre autoridades coludidas con esta organización? ¿Cómo se va a evitar que no se replique el desastre de Sinaloa o que el CJNG se convierta en múltiples organizaciones? Sin respuesta a estas preguntas, lo que tenemos es la repetición de una estrategia bien conocida que reditúa políticamente en ambos lados de la frontera, pero no puede defenderse como un logro para el país.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea