Entre las recientes declaraciones de Donald Trump sobre tomar Groenlandia y el Canal de Panamá, incluso con el uso de la fuerza militar, anexar a Canadá y renombrar el Golfo de México a Golfo de América, quedó de lado la propuesta de designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones foráneas terroristas (FTOs, por sus siglas en inglés). Desde 2019, durante su primer periodo como presidente, Trump había planteado la designación de las organizaciones criminales como FTOs. Además, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, se han presentado iniciativas para llevar esto a cabo. Las propuestas incluyen al Cártel del Golfo, el del Noreste, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, a los Zetas, Tijuana, Juárez , Beltrán Leyva y la Familia Michoacana (presentes en gran parte del territorio nacional).
En términos de facilitar la persecución penal o financiera de las organizaciones criminales y sus miembros, la propuesta agrega poco pues ya existen distintas leyes para ello. Se trata, además, de un proceso complicado que involucra a distintas agencias del gobierno. Pero manda una dura señal en contra del gobierno mexicano y tendrá efectos negativos para quienes viven y cruzan los territorios controlados por estas organizaciones. Tanto migrantes como comerciantes que se han visto obligados a pagar extorsiones podría quedar ser señalados por “asistir materialmente” a estos grupos y ser perseguidos penalmente o negárseles la entrada al país. Para México, tendrá también repercusiones negativas, pues seremos un país que alberga organizaciones terroristas.
En los últimos meses, la idea de facilitar la intervención de agentes estadounidenses en México ha ganado fuerza. A mediados de 2023, 21 fiscales estatales formaron una coalición para pedir a Biden realizar la designación de FTOs. Otra iniciativa, presentada en 2023, propone autorizar directamente al gobierno de Estados Unidos a usar a las fuerzas armadas en contra de quienes trafiquen fentanilo o “lleven a cabo otras actividades” que desestabilicen al “hemisferio oeste”. Esta última propuesta ha sido apoyada por varios republicanos, incluyendo Bill Barr, exfiscal general con Trump, quien ha señalado la falta de voluntad del gobierno mexicano de perseguir a narcotraficantes. Otra propuesta busca que el gobierno norteamericano pida incluir el fentanilo ilícito como arma química en la Convención sobre las Armas Químicas.
La respuesta del gobierno mexicano frente a este escenario ha sido torpe y contradictoria. Por un lado, la presidenta continúa negando que en México se produce fentanilo ilícito. Por otro, ha optado por la vía del endurecimiento penal sin tocar la impunidad existente y las redes criminales (en las que participan autoridades de todos los niveles). Los delitos de drogas conllevan ya penas desproporcionadas, su persecución está militarizada y ha facilitado la construcción de un estado de excepción. Recientemente se reformó la Constitución para criminalizar el consumo de sustancias sintéticas. Más mano dura hará poco para apaciguar a Trump o su retórica expansionista, tampoco salvará vidas en Estados Unidos. Sin embargo, facilitará la continua desarticulación de nuestra democracia y débil estado de derecho. Se juntó el hambre con las ganas de comer, como dice el dicho, y en medio quedamos las/los mexicanos.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea