El pasado 19 de agosto fue la última sesión del pleno de la SCJN. Esta sesión marcó el fin de la actual Suprema Corte y, en muchos sentidos, del sistema jurídico como lo conocemos. Al concluir la sesión, la presidenta de la Corte dijo: “Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia. Este instante, cargado de memoria y de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos transciende”.
Hace 30 años, con la transición democrática y el fin de la hegemonía del PRI, se transformó al Poder Judicial en México. En aquel momento se buscó conformar la nueva Corte con perfiles profesionales. Se buscaba una Corte (y un Poder Judicial) diversa políticamente, independiente, pero sobre todo, con legitimidad y capacidad de resolver los conflictos que el partido ya no podía resolver al interior. El PRI había dejado de ser la única instancia para ejercer el poder, había perdido control al interior y hacia afuera. Ya no era capaz de resolver, a través de sus procesos internos —o de la mera represión policial/militar—, los conflictos sociales o los que surgían entre poderes. Si antes de 1990 la última palabra la tenía el Presidente y los conflictos se resolvían en el seno del partido, con la transición democrática se volvió necesario buscar instancias ajenas al partido, que pudieran resolver los conflictos territoriales, electorales, presupuestales, de competencias, etc. y un derecho que estableciera los mecanismos y principios para resolver estas disputas.
Durante 30 años se generaron precedentes, trayectorias, reglas, para tener un sistema judicial separado del Ejecutivo y del partido en el poder, al que la ciudadanía y miembros de partidos políticos pudieran acudir en caso de desacuerdos o ante casos de abusos de poder. Durante 30 años se apostó por cambiar la cultura y construir un Estado de Derecho. El 19 de agosto de 2025, vimos el final de ese proyecto (o sueño), y el surgimiento de otro más parecido a lo que hubo antes de la transición democrática.
Días antes de la última sesión de Corte, Luisa Alcalde, exhortaba a la militancia de Morena —partido que hoy controla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y que gobierna 24 estados (en los que vive 74% de la población)—, a dirimir conflictos en el seno del partido, usando la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. “Siempre hay que llamar a la unidad”, dijo. “Se vale tener diferencias”, dijo, “pero hay que dirimirlas en la Comisión Nacional”. En lugar de instancias políticamente diversas, independientes del Ejecutivo, parece que tendremos, como en la época de la hegemonía del PRI, instancias del partido —o cooptadas por este—, para resolver conflictos.
Al concluir su discurso, la ministra Piña afirmó: “La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día”. Creo que no será el caso, el fin del Poder Judicial actual es también el fin de la aspiración a que sea el derecho y no la Presidencia —o el partido—, quien defina las reglas para el uso del poder, el alcance de los tribunales y también de los derechos de quienes vivimos en este país.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
