El domingo pasado, El Sol de México publicó un extenso reportaje sobre Patrocinio, un predio de 64 hectáreas ubicado en la región de La Laguna, Coahuila. En ese lugar, miembros del grupo Los Zetas llevaban a personas, las desmembraban, incineraban, trituraban sus restos y enterraban. El sitio fue descubierto en 2015 gracias al perro de un pastor que desenterró los primeros huesos humanos. Más tarde se encontraron ahí 91 tambos -usados para incineración- y 70 fosas clandestinas. A lo largo de los años, se han desenterrado en Patrocinio cientos de miles de fragmentos óseos. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas señalan al sitio como un campo de exterminio porque ahí se borraba toda evidencia de que una persona existió. En 2016, se encontró un segundo sitio similar en la región de La Laguna y se han identificado al menos 8 más, todos destinados a la desaparición de personas. En uno de ellos, San Antonio del Alto, se encontraron 150 fosas clandestinas. Conjuntamente, en los 9 sitios de La Laguna se ha desenterrado una tonelada y media de restos humanos. En abril de 2024, Juana Isabel Barraza, supo que en Patrocinio había sido encontrado un fragmento de la columna vertebral de su hija, Sandra Yadira, desaparecida desde 2008. Según Juana y otros familiares, antes de ser desaparecida, Sandra había sido detenida, junto con una amiga, por policías municipales en Torreón. Los agentes entregaron a ambas a Los Zetas.
En marzo de 2025, colectivos de búsqueda de Jalisco ingresaron a un predio, conocido como Rancho Izaguirre, que operaba como un centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y también como centro de extinción. En esa primera visita encontraron y fotografiaron casquillos de bala, estructuras para adiestramiento, huesos calcinados, ropa, zapatos, bolsos, mochilas, cartas de despedida, llaves y otros objetos personales. Ante la denuncia sobre el hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, aunque negó que existieran hornos crematorios. Algunos sobrevivientes de aquel centro de adiestramiento, sin embargo, afirman que desde 2012 jóvenes eran engañados o secuestrados por miembros del cartel y llevados al Rancho desde Guadalajara. Ahí eran sometidos a entrenamientos, obligados a asesinar personas, descuartizarlas y quemar los cuerpos. Imágenes satelitales y registros oficiales de cuerpos calcinados encontrados en la zona sugieren que el Rancho operó durante más de 10 años. Quince días después del hallazgo del sitio, las autoridades abrieron la propiedad a la prensa y familiares. Todo había sido limpiado, sin dejar huella de las pertenencias o restos humanos encontradas previamente por los familiares. A un año de estos hechos, han sido detenidas 47 personas y 10 han sido sentenciadas, pero las familias esperan aún saber qué pasó en Izaguirre y tener acceso a los objetos encontrados para saber si su familiar se encuentra ahí.
En registros oficiales, hoy México tiene más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas. La mayoría son jóvenes entre 15 y 39 años. No sabemos cuántos han pasado por lugares como Patrocinio o Izaguirre y yacen enterrados en los campos o desiertos del país, porque el delito no se investiga. Esta es la realidad en la que la semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General de la ONU examinar lo que pasa en México y asistir al Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. No fue una condena al gobierno actual, fue una alerta y una solicitud para establecer algún mecanismo que permita esclarecer la verdad y proteger a los colectivos de buscadoras. La respuesta del gobierno actual, no obstante, fue negar la tragedia, anteponer el manejo de una crisis política y el control de daños, sobre las miles de vidas afectadas (hoy y mañana) por la desaparición forzada. Sobrevive el Estado, mientras seguimos acumulando desaparecidos (y familiares que buscan), con anuencia o participación directa de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Doctora en derecho, @cataperezcorrea
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