La semana pasada se presentaron los resultados de la Encuesta de opinión pública sobre el Poder Judicial y su reforma en México (disponible aquí). El estudio busca conocer, entre otras cosas, qué entienden las y los mexicanos sobre lo que es y hace el Poder Judicial y las personas juzgadoras, su opinión sobre cómo deben decidir las y los jueces, así como lo que aprueban, desaprueban y esperan de la reforma judicial.
El estudio muestra, primero, que la ciudadanía no siempre tiene clara la división de poderes, la función del Poder Judicial, y las instituciones que lo integran. Muchas de las personas encuestadas, por ejemplo, creen que las funciones de policías o fiscalías, como investigar delitos o perseguir a delincuentes, competen al Poder Judicial. 34% de las personas afirmó que “las juezas y jueces son los encargados de investigar delitos”, 44% que “las juezas y jueces son los encargados de recibir denuncias cuando se cometen delitos”, 55% que “el Poder Judicial es el encargado de perseguir a los delincuentes”, y 65% que “las fiscalías o ministerios públicos forman parte del Poder Judicial”. Además, no siempre saben que existe un Poder Judicial Federal, que este se compone de distintas instituciones, y poderes judiciales estatales.
El ejercicio permite ver que decir en abstracto que las personas confían “poco” o “mucho” en los “jueces”, es poco útil, en términos de políticas públicas. ¿Están las personas evaluando a jueces o a las fiscalías? ¿Están evaluando a jueces de distrito o de la CDMX? Más aun, si bien 70% de las personas sabe que existen tres poderes de la unión, solo 40% afirmó que la SCJN y el/la presidente están en el mismo nivel de jerarquía. 30% de las personas cree que el/la presidenta está por encima de la Corte.
Sobre la reforma judicial, el estudio muestra que, si bien una mayoría de las personas está a favor de la reforma en abstracto, al evaluar cuestiones específicas de la reforma, el apoyo cambia. Por ejemplo, 53% de las personas dijo estar más de acuerdo que jueces, magistrados y ministros ocupen el cargo con base en exámenes y su trayectoria profesional, mientras que 45% dijo preferir una judicatura electa vía voto popular. Sobre los ministros y ministras de la Corte Suprema, 4 de cada 10 personas afirmaron que deben ser designados por voto popular, pero el resto (60%) considera que la designación debe ser por un método distinto al voto popular (ya sea electo por el Ejecutivo, el propio Poder Judicial o el Legislativo). Al preguntar sobre el tipo de juez que se prefiere en un proceso que le involucre personalmente, una mayoría optó por un juez de carrera judicial frente a uno electo por voto popular.
Los resultados de la encuesta muestran sutilezas y complejidades relevantes para un debate que fue simplificado y politizado para aprobar la reforma judicial sin mayor discusión. Muestran, además, las preocupaciones que sí tiene la ciudadanía respecto a la justicia y que la reforma no atiende, y que elementos como el contacto directo con los jueces mejora la percepción de la justicia y la confianza en la misma. No es a través de elecciones judiciales que esto se logra, sino con mayor transparencia, acessibilidad y publicidad. La encuesta, en todo caso, es un punto de partida que permite medir si los cambios constitucionales recientes se traducirán —o no— en mayor confianza, legitimidad y accesibilidad de la justicia en México.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
