El 30 de marzo iniciaron las campañas en México para la primera elección judicial (oficialmente porque informalmente unas iniciaron mucho antes). Durante 60 días, 3422 personas que aspiran a uno de los 881 cargos del Poder Judicial Federal intentarán conseguir votos. En las elecciones de este año se elegirán a 9 ministros/ministras de la SCJN, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina, 386 jueces de distrito, entre otros. Además, en 19 estados se elegirán jueces (recordemos que la reforma destituye también a las y los jueces de los poderes judiciales estatales).
En la primera semana de campaña vimos de todo un poco: la hija de una exministra de la Suprema Corte —conocida por su riqueza—, afirmando que sabe “lo que cuesta y duele salir desde abajo”, una ministra en funciones que señala no estar tan mal a sus 70 años, señores que se quitan la corbata o el saco para mostrar que están “cerca de la gente” y candidatas que se ponen el saco sobre sus camisas deportivas para indicar que están preparadas para ser juezas. Está el candidato que se pasea debajo de una estructura de metales con una jicaleta en la mano contando sobre su interés de niño por la astronomía, el del saco de pana café que mira de reojo al borde de la cámara y mientras habla le tiembla la voz. También está “Dora la transformadora”, quien no tiene problema en vestirse de guinda que caracteriza al partido en el poder, y la otra ministra en funciones que presume el apoyo de uno de los más grandes sindicatos del país y promete seguir con la “transformación”.
Pocos(as) hablan de las cuestiones que más importan: ser apartidistas y ser imparciales, de su preparación y experiencia para desempeñarse correctamente en el cargo. El “ministro chicharrón”, presume estar “más preparado que un chicharrón… cuento con doctorado, dos maestrías, especialidad en derecho constitucional, y todos los grados obtenidos con mención honorífica” de la UNAM. Otras —pocas— cuentan algo de su experiencia en la profesión como jueces, practicantes o docentes.
En cambio, se escuchan promesas imposibles de cumplir o preocupantes por lo que dejan ver sobre la idea que se tiene de la función judicial. “Amor con amor se paga”, dice un candidato en su video. “Si la gente te apoya, ni modo que tú no la apoyes.” “La justicia debe dar una segunda oportunidad a todas y a todos y conducirnos a la paz”, dice otra. Algunas candidatas prometen “mejorar el acceso al sistema de justicia” o ser una vía “para que tu voz tenga resonancia necesaria para incidir en la justicia”. “Me gustaría saber cómo puedo ayudarte”, termina uno. Se trata de sentimientos loables, pero ¿pueden los jueces hacerse cargo de la violencia y/o mejorar el acceso a los sistemas de justicia? ¿Deben corresponder al electorado? ¿En dónde deja esto al derecho y la seguridad jurídica? ¿Qué efectos tendrán en la confianza hacia los jueces cuando no se cumplan las promesas hechas?
“Escribe el numero 08 en la boleta rosa”, “vota 06 en la boleta coral”, “marca el 07 en la boleta salmón”, terminan los videos. A cada votante le serán entregadas 6 boletas de diferentes colores, más las que correspondan a su estado. El color de la boleta indica los cargos a elegir. Habrá que escribir el número (no el nombre) del candidato/a en los recuadros punteados. Según una encuesta reciente, 40% de las personas en México no sabe lo que es un Juez de Distrito y 50% nunca ha oído hablar de los Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, muchas personas no saben lo que estarán por votar. Desde el inicio, la reforma apuntaba a no ser más que una forma de mermar la independencia y autonomía judicial. El desaseado proceso ha dejado claro que tampoco hay piso parejo en la elección. Ahora las campañas agregan otra piedra más: si las personas son electas con promesas incumplibles y si además sucede, como en Bolivia, que ganan con porcentajes menores al 10%, terminará también por mermar la ya golpeada confianza que las personas tienen en el Poder Judicial.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
