Llegó el nuevo año y con ello los propósitos para el 2024. Mientras algunas nos proponemos bajar de peso, leer más y procrastinar menos, desde la presidencia AMLO se ha propuesto que este año, antes de su partida, se lleven a cabo varias reformas constitucionales de tal importancia que podrían considerarse un cambio de régimen constitucional. Entre ellas están la reforma constitucional para darle facultades permanentes a las Fuerzas Armadas en materia de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, la reforma electoral y la reforma al poder judicial que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema.
Actualmente los integrantes de la Corte son electos por voto indirecto: por medio del voto elegimos a quienes eligen a los ministros. El presidente propone una terna de candidatas y el senado elige-por mayoría calificada de los presentes-al ministro/ministra. Ciertamente el sistema tiene problemas, pues es susceptible de politización. Frecuentemente se conforman ternas con perfiles partidistas en lugar de técnicos, las plazas se negocian y reparten entre partidos (cuotas) o cercanos (cuates). Pero la elección directa de ministros dista de ser una solución al problema. Al contrario, lo agravaría haciendo más políticos los perfiles. Quienes aspiren a la Corte tendrán que negociar con —y ganar apoyos de— los aparatos partidistas.
En Bolivia, donde desde 2011 se eligen por voto directo a los principales cargos del poder judicial, este mecanismo ha resultado un fracaso para darle mayor legitimidad a los jueces. Con poca participación, procesos politizados y poca información para la ciudadanía. Algo similar podemos esperar en México de adoptar este sistema.
Ahora bien, si lo que se busca es fortalecer la confianza o legitimidad de la Corte, la elección directa no parece una vía adecuada. Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI, 2020, INEGI), las instituciones con menos confianza en México son los diputados locales, electos directamente (solo 23% de la población afirma tener mucha o algo de confianza en estos). Las/los senadores y diputados federales- electos directamente-son la segunda institución peor evaluada, 23.4% de las personas afirman tenerles mucha o algo de confianza. Los jueces (con 36.7% de confianza) están por arriba de estos y también de la policía. Los militares en cambio cuentan con el mayor porcentaje de confianza, por supuesto con mecanismos de elección nada democráticos sino, en teoría, meritocráticos. La encuesta, como otras similares, muestra que la legitimidad y la confianza no pasa por el voto directo, menos por procesos de votación sin deliberación o información.
A estas alturas, sabemos que ni los datos ni la evidencia sirven para que el presidente reconsidere alguna propuesta. En este caso, además, parece no buscar un poder judicial más democrático, sino uno más débil cuya función como contrapeso se vea limitada y cuya conformación sea más susceptible -no menos- a los deseos de políticos como él. Por mi parte, no puedo dejar de desear que este 2024 se fortalezca el sistema constitucional de frenos y contrapesos, y que si existe un cambio de régimen, sea como resultado de un proceso democrático, y no porqué el oficialismo busca perpetuarse en el poder.
