La noche del pasado jueves, policías municipales en Puebla detuvieron a 6 miembros de la Guardia Nacional quienes ayudaron a escapar a integrantes del grupo delictivo “Los Oaxacos”. De acuerdo con el diario La Jornada: “Los agentes federales, en evidente estado de ebriedad, intentaron obstruir un operativo de la SSPC de la capital poblana, aventando su patrulla contra los agentes municipales, lo que permitió que los delincuentes se dieran a la fuga.”
A principios de junio, la diputada federal Margarita García García realizó una denuncia pública desde la cámara de diputados en contra de elementos de la Guardia Nacional por supuestos vínculos con el crimen organizado. Según su recuento, ante un pedido de ayuda de un conductor que había sido asaltado y baleado en una carretera, varios elementos de la institución lo multaron por estar mal estacionado cuando pidió ayuda. “No nos cabe duda de que también forman parte de la delincuencia organizada” afirmó la diputada.
De acuerdo con un reportaje, entre 2019 y abril de 2022 fueron registradas 8 mil 656 denuncias en contra de elementos de la Guardia Nacional, de estas 1,135 derivaron en investigaciones. 787 eran por extorsión y 137 por abuso de autoridad. Según un informe del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua (2024), 30% de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o GN, durante su trayecto en México. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, además, identificó entre enero de 2022 y mayo de 2023, una decena de operativos de la GN y el INM, en los que se detuvo principalmente a mujeres –incluso embarazadas–, niñas y niños. El colectivo registró “uso de fuerza física intensa para restringir movimiento grupal y uso de armas no letales, como son el bastón tradicional de la policía, gas pimienta, lacrimógeno, armas de electrochoque como tasers TM, balas de goma y plástico, cañones de agua y armas acústicas.”
Estos datos hablan de abusos y comportamientos persistentes en la institución que está por recibir del Congreso control pleno de seguridad pública federal, incluidas facultades de espionaje a civiles. Esto, sin controles civiles, sin mecanismos de transparencia, con un poder judicial debilitado y con fueros militares (esto es, tribunales militares en los que no participa ningún civil).
Durante el gobierno de López Obrador, la Guardia Nacional fue creada como una institución civil con presencia nacional, para sustituir a la Policía Federal. Sin embargo, nunca se respetó el carácter civil y se integró (y encabezó) desde el inicio por miembros de las fuerzas armadas. Nos decían que la conformación militar no era preocupante pues “el presidente es civil”, y por tanto la institución estaba subordinada al poder civil. El entrenamiento, armamento, disciplina, mandos militares, decían, son cuestiones menores si la cabeza del ejecutivo es civil. Con la reciente reforma constitucional y nueva ley, los militares -a través de la Guardia, cuyos miembros han sido acusados de abusos y extorsiones- quedarán a cargo de la institución nacional de seguridad pública. Podrán investigar delitos, investigar para prevenir delitos, arrestar personas, hacer espionaje a los civiles sin intervención judicial e incluso realizar otras facultades que habían sido declaradas inconstitucionales por la SCJN.
En el debate público uno de los temas que más llamó la atención es la posibilidad que da la nueva ley a los miembros de la Guardia de ocupar puestos de elección popular. De nuevo desde el gobierno se ha minimizado la gravedad de esta disposición alegando que ya existía la posibilidad de que miembros del ejército ocupen cargos de elección popular. Sin embargo, nunca en la historia reciente habíamos presenciado un despliegue militar con las magnitudes que hoy existe, o la presencia militar hasta en los cuerpos electorales e instituciones educativas. Si hoy estos artículos encienden alertas es porque no resulta en el imaginario distante el involucramiento de militares en los partidos políticos, en los órganos legislativos y por qué no, en los judiciales. ¿No son los cargos de jueces también “de elección popular”?
Desmontaron la protección a nuestra información personal al desaparecer el INAI. Con la destitución de todas las personas juzgadoras y el debilitamiento del Poder Judicial, allanaron el camino para hacer de nuestros derechos fundamentales un tigre de papel. Hoy le otorgan nuestra información personal y una patente para participar en la política electoral al Ejército a través de la Guardia Nacional. ¿Qué podría salir mal?
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
