En 2024, se aprobó una reforma constitucional para desaparecer al INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y trasladar sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (una dependencia del Gobierno Federal). El INAI tenía entre sus funciones vigilar que las entidades del gobierno entregaran información pública a ciudadanos que la solicitaran y que tanto entes públicos como privados protejan los datos personales y restrinjan su uso a fines consentidos y legales. A partir de la reforma, la decisión de dar acceso a la información pública quedó en manos de la propia autoridad y el uso de datos personales, a cargo del Estado, sin mediar contrapeso alguno. A nivel local se eliminaron todos los organismos de transparencia. Algunos gobiernos simplemente dejaron de cumplir con las normas en la materia. Como ha señalado FUNDAR, el acceso al derecho a la información, quedó “fragmentado en más de 270 autoridades responsables en todo el país.” Ello significa una vulneración de los derechos, pues la ciudadanía tiene que identificar ante cuál de todas las autoridades debe recurrir cuando exista una negativa de información.
Estas reformas no fueron de poca importancia en términos de sus implicaciones para la democracia mexicana y los derechos. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares de la democracia liberal. Permiten a la ciudadanía supervisar el uso de los recursos públicos -y así prevenir la corrupción-, conocer las decisiones que toman las autoridades y las formas en que utilizan los recursos. Además, constituyen formas importantes de participación ciudadana y legitimación gubernamental. Si la ciudadanía está informada sobre los actos de gobierno, conoce las razones detrás de las decisiones públicas y las puede evaluar, mejora la confianza y legitimidad de la autoridad. A nivel internacional, incluso, se ha reconocido al derecho a la información como fundamental para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud, a la educación y el acceso a la justicia. Es decir, este derecho permite el ejercicio de otros. Más aun, que el gobierno federal quedara a cargo de los datos personales atoró el acuerdo entre México y la Unión Europea para intercambiar datos en materia de narcotráfico y terrorismo. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), exige que las contrapartes se cumplan con estándares europeos en materia de protección de datos para evitar abusos de la autoridad. Sin embargo, sin un órgano autónomo, México no cumple con esa condición.
Hace unas semanas, la organización Artículo 19, presentó su informe anual sobre el estado de la libertad de prensa, acceso a la información y violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba. En el documento la organización señala los retrocesos regionales en la materia. Para el caso mexicano, el panorama es gris. El país encabeza la lista regional de violencia contra periodistas. El año pasado fueron asesinados 7 periodistas y uno fue desaparecido. Además, se registraron 451 agresiones contra la prensa en México y un acoso constante a la prensa por vías judiciales. Las agresiones suelen ir acompañadas de un silencio de la autoridad a la vez que se ha establecido un sistema de espionaje estatal. Según el informe, se han aprobado al menos seis leyes “que, en conjunto, crean una estructura legal que elimina el rigor y la precisión jurídica necesarios para garantizar que las labores de inteligencia estatal cumplan con las normas internacionales; por ejemplo, los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.”
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En términos de acceso a la información, los resultados de la reforma son los esperados. El “nuevo diseño expandió las causales de reserva y abrió zonas grises que amplían la discrecionalidad para negar información. La regresión es doble. Por un lado, se debilita el principio de máxima publicidad. Por otro, se normaliza un discurso de desconfianza institucional que convierte la opacidad en una rutina.” De acuerdo con la organización, en sus primeros meses, Transparencia para el Pueblo desechó 99.6% de los 2253 recursos de revisión recibidos.
En varios países de la región es posible constatar un retroceso democrático. México no es la excepción. Sin Poder Judicial independiente, sin instituciones autónomas de acceso a la información y con un uso recurrente del sistema judicial para silenciar voces críticas, se construye un Estado más opaco y violento en el que languidecen democracia y derechos. Hoy, este andamiaje sirve al régimen, pero si algo muestra el presente regional es que el péndulo sigue su marcha. Mañana el régimen de opacidad y espionaje pasará a manos del de enfrente.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
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