Las autoridades federales han presentado la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. A primera vista, el documento muestra orden, estructura y un innegable esfuerzo de profesionalización respecto a ejercicios anteriores. Sin embargo, la pregunta clave para analizar este documento debería ser: ¿Responde a las dinámicas reales del crimen en México o simplemente organiza lo que ya estaba en marcha?

Coincido con algunos colegas que han señalado que, más que una estrategia, lo presentado parece un plan con objetivos rectores poco claros, sin una exposición franca de los principales desafíos que enfrenta el país. ¿Por qué omitirla? Siendo optimista, diría yo que es para dotar al documento de flexibilidad en un contexto de alta incertidumbre, pero, por otro lado, y siendo pesimista, puede ser para evitar generar tensiones con el expresidente y mentor de Claudia Sheinbaum.

Conviene no perder de vista el contexto. La perenne crisis de seguridad que inició en 2008 evolucionó de conflictos regionales a una violencia sistémica. No es un fenómeno de reciente creación, pero sí es uno que, desde Calderón hasta AMLO, ha sido administrado políticamente sin una solución estructural de fondo.

Lo bueno de la nueva estrategia es que da centralidad por primera vez al fortalecimiento de la inteligencia (dejada en el olvido el sexenio pasado) y la coordinación operativa absoluta. Estos ejes –el tercero y el cuarto– son los que hoy verdaderamente serán los pilares del aparato de seguridad.

Sin embargo, también es cierto que los otros dos ejes –atención a las causas y consolidación de la Guardia Nacional– parecen más un gesto simbólico que un compromiso real. Se invoca la atención a las causas sociales, pero no se detalla un plan específico de inversión, ni de evaluación de impacto, ni de cómo medir su avance o retroceso. Se insiste en la consolidación de la Guardia Nacional, pero ya se da por hecho su carácter militar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual contradice la promesa constitucional de contar con una fuerza civil.

Aquí es donde la estrategia deja de ser técnica para volverse política: se mantiene la narrativa de continuidad con el sexenio pasado, aunque en realidad haya un cambio de fondo en el enfoque operativo. Eso, por supuesto, imposible decirlo en voz alta.

Otro aspecto preocupante es que, pese a las mejoras en la planeación y coordinación, el documento sigue pecando de optimismo tecnocrático. No enfrenta abiertamente la realidad de que gran parte del aparato municipal y estatal de seguridad sigue infiltrado, cooptado o simplemente rebasado por los grupos criminales.

Tampoco plantea una reforma profunda de las fiscalías, que siguen siendo el eslabón más débil de la cadena de justicia.

En pocas palabras: el nuevo gobierno arranca su estrategia en un país donde el crimen organizado ya no es solo un negocio, sino un actor social y político en vastas regiones. Pretender resolver esto sólo con inteligencia y coordinación es necesario, pero no suficiente.

La nueva estrategia de seguridad representa un avance técnico importante respecto al pasado, pero carece aún de un rostro claro: no define el éxito ni plantea el fracaso.

El país necesita más que un buen diseño. Requiere una ejecución implacable, aunque no sea impecable, una depuración institucional profunda y, sobre todo, un liderazgo que entienda que no se puede pactar con la delincuencia ni administrar eternamente la violencia.

De lo contrario, estaremos, una vez más, construyendo castillos en el aire... mientras la realidad nos devora desde el suelo.

POSTDATA – Después de que diversas organizaciones sociales y civiles señalaran la presencia de aspirantes vinculados al narcotráfico, Fernández Noroña reconoció que el proceso de selección de candidatos a jueces federales presentó fallas. No obstante, en vez de asumir la responsabilidad que corresponde a los comités de evaluación, ahora pretende que sea el INE quien verifique si los aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales, a pesar de que las campañas ya llevan más de tres semanas en marcha. ¿Qué podrá salir mal?

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