Hace un mes, un operativo en Tapalpa, Jalisco, terminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que debió ser un golpe contundente del Estado pronto se convirtió en otra cosa: un comunicado tardío de la Fiscalía, versiones encontradas y una escena que, desde el inicio, dejó más dudas que certezas.
Ahí empieza el problema. Y no es la primera vez que pasa. Pero cada vez pasa peor.
El caso reciente no revela un error aislado. Expone algo más profundo: la ruptura entre la fuerza, la investigación y la verdad.
El Estado sí llegó. El problema es que llegó desarticulado.
Primero, la operación. Todo indica que hubo capacidad táctica: despliegue, confrontación, resultado. El Estado puede ejercer fuerza. Puede neutralizar objetivos de alto valor.
Después viene el vacío. Porque una operación no es un caso. Un caso se construye. Y ahí es donde empieza la falla.
Las cabañas y sus alrededores donde ocurrieron los hechos —el punto crítico de la operación— no fueron aseguradas de inmediato. Durante días, distintas personas ingresaron al lugar. No hubo control perimetral efectivo. No hubo resguardo oportuno.
Ese detalle lo cambia todo. Porque a partir de ahí, la escena deja de ser una fuente de verdad y se convierte en un espacio contaminado. Lo que debió ser evidencia se vuelve duda. Lo que debió ser reconstrucción se vuelve especulación.
Y entonces aparece la Fiscalía. Pero no para esclarecer, sino para acotar. Habla de contaminación. Habla de incertidumbre. Habla de lo que no se puede determinar. Y con eso, sin decirlo abiertamente, reconoce lo esencial: el caso que pudiera continuar nace débil.
Aquí es donde muchos se equivocan en el diagnóstico. No es solo incompetencia. No es solo negligencia. Es desarticulación estructural.
Un sistema donde: quien ejecuta no integra, quien investiga no controla y quien comunica no domina la narrativa. Cada institución cumple su función… pero el Estado, como conjunto, falla.
Y cuando eso ocurre, pasa algo más grave que un operativo fallido: Se pierde la capacidad de producir verdad. Porque en un juzgado, la verdad no es lo que ocurrió. Es lo que puedes probar.
Puedes haber neutralizado al criminal más buscado del continente. Puedes haber desarticulado una estructura criminal. Puedes haber hecho todo bien en campo. Pero si no puedes sostenerlo jurídicamente, entonces no pasó. No para un juez. No para la historia. No para el Estado de derecho.
Ahí es donde el problema deja de ser operativo y se vuelve político. No estamos ante un “estado de excepción”. Es algo más sutil y más peligroso. Estamos frente a un Estado que sigue operando… pero cada vez con menor capacidad de demostrar lo que hace.
Y eso tiene consecuencias.
Primero, para la justicia: los casos se debilitan. Después, para la disuasión: el crimen aprende. Finalmente, para la legitimidad: la autoridad pierde credibilidad.
Porque cuando la verdad depende de quién la cuenta, y no de cómo se prueba, el sistema deja de ser confiable.
El Estado puede seguir desplegando fuerza. Puede seguir deteniendo criminales. Puede seguir anunciando resultados. Pero si no puede sostenerlos, entonces no gobierna: administra incertidumbre.
Y ese es el punto crítico. Matarlos no basta.
Y en un Estado desarticulado… ni siquiera eso alcanza para demostrar que ocurrió como se dice.
POSTDATA - La reciente detención de Mónica Zambada, hija de El Mayo, pudo ser un fuerte golpe contra el círculo cercano del Cártel de Sinaloa. Once personas fueron abatidas en el proceso. Sin embargo, horas después fue liberada. Es el mismo patrón. El Estado detiene, pero no sostiene. Y mientras la fuerza no esté alineada con la construcción de pruebas, cada captura seguirá teniendo fecha de caducidad.