“O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga… o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”.
Esta frase no se dijo en el café de la esquina. Se dijo en una reunión formal. Y quien la escuchaba no era un subordinado menor: era el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, vinculado a funciones de la administración aduanera marítima, dialogando cara a cara con el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Ese dato cambia todo. Era un alto oficial exponiendo un esquema de grave corrupción estructural ante el máximo mando de la institución.
El audio que contiene esa frase —difundido recientemente— gira en torno a una enorme red de huachicol fiscal operando en aduanas marítimas. No hablamos del robo tradicional de combustible perforando ductos. Hablamos de una ingeniería administrativa sofisticada: reclasificación de mercancías, alteración de pedimentos, manipulación de fracciones arancelarias, evasión del IEPS y movimientos financieros con apariencia legal.
Eso no lo ejecuta un individuo aislado. Eso requiere estructura. Y la estructura implica complicidades.
En el audio, Guerrero Alcántar describe lo que considera una operación sistemática. El secretario plantea dos escenarios: destapar todo sin importar consecuencias o manejarlo internamente mediante cambios y reacomodos.
La disyuntiva es reveladora.
“Destapar” implica asumir un costo político real, abrir carpetas de investigación y permitir que la indagatoria alcance a quien tenga que alcanzar. Es, sin duda, la mejor opción para México como nación. Pero brutalmente incómoda para un gobierno en funciones.
“Cerrar aquí” implica contención, ocultamiento, opacidad, impunidad y administración del daño. Implica apostar por el control antes que por la verdad.
Mover funcionarios no equivale a desmontar redes. Cambiar adscripciones no es limpiar estructuras. La corrupción sistémica sobrevive a los traslados.
El hecho de que el diálogo haya sido entre un contralmirante denunciante y el secretario de Marina coloca la discusión en el punto más alto de la cadena de mando. No se puede alegar desconocimiento. Era información directa.
Meses después, Guerrero Alcántar fue asesinado mientras vacacionaba en Manzanillo.
Es imposible no pensar en una relación causal. Determinarla corresponde a la autoridad investigadora. Pero en términos de percepción pública e integridad institucional, la coincidencia obliga a una respuesta transparente, técnica y contundente.
En seguridad institucional hay un principio elemental: cuando un denunciante es asesinado después de exponer irregularidades graves, la obligación de rendición de cuentas se multiplica.
Si no hay investigación visible, la narrativa se impone sola.
Durante años se justificó la entrega de aduanas a la Marina bajo el supuesto de que la estructura castrense eliminaría la corrupción estructural. Pero la corrupción no distingue uniforme. Esta responde a incentivos, controles y contrapesos.
El daño económico del huachicol fiscal es megamultimillonario y cuando el Estado parece incapaz de investigar a los suyos con la misma severidad que exige hacia afuera, la ley deja de percibirse como imparcial y se vuelve selectiva. Y la ley selectiva erosiona legitimidad.
La frase inicial resume el dilema del poder en México: limpiar o administrar. Investigar o contener.
El poder protege estabilidad. La autoridad protege legitimidad.
En este caso, la conversación entre Guerrero Alcántar y Ojeda Durán es el núcleo del debate. Porque cuando la denuncia llega al más alto nivel y persiste la duda sobre lo que ocurrió después, la pregunta deja de ser técnica para volverse política.
¿Se destapará todo sin importar quién caiga?
La historia reciente dista de invitar al optimismo.
POSTDATA – Ayer domingo, Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder y fundador del CJNG fue abatido por fuerzas federales. Esta será una semana muy intensa respecto a que seguirá en el debate de Seguridad Pública y la cooperación con nuestro vecino del norte.
@CarlosSeoaneN