El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU acaba de emitir una declaración histórica: por primera vez desde su creación, activó el artículo 34 de su mandato. ¿La razón? México.
Según el Comité, recibió información creíble de que en nuestro país las desapariciones forzadas se cometen de forma generalizada o sistemática.
Ese artículo 34, que nunca se había utilizado, permite llevar el asunto de forma urgente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es cualquier cosa. Es el nivel más alto de alerta dentro del sistema internacional en materia de desapariciones.
¿Y qué se entiende por desaparición forzada? Lo dice el artículo 2 de la Convención: es cuando agentes del Estado —o personas que actúan con su autorización, apoyo o tolerancia— detienen, secuestran o privan de libertad a alguien, y luego niegan haberlo hecho o no revelan su paradero. En resumen: el Estado se convierte en cómplice de borrar personas.
¿Será esto una exageración por parte de la ONU? Veamos los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en los últimos tres sexenios.
En la administración de Felipe Calderón se registraron un total de 16,945 personas desaparecidas y no localizadas. En la de Enrique Peña Nieto 32,619 y en la de AMLO 55,522. La tendencia a la alza es brutalmente clara.
Claudia Sheinbaum lleva un registro de 8,358 en casi 7 meses, si sigue este mismo ritmo, podría llegar a un total de poco más de 90,000 en todo su sexenio.
¿Más de 90,000? Sí, es simple prospectiva. Y lo más grave: aun con acciones visibles del nuevo gobierno, la tendencia no se frena.
A diferencia de su antecesor, Sheinbaum sí ha iniciado operativos, ha detenido generadores de violencia y ha dejado ver, al menos en los hechos, una mayor voluntad para enfrentar al crimen organizado. Pero no basta con mover piezas. La dimensión de esta crisis exige más que operativos quirúrgicos: requiere una política de Estado, continuidad institucional, control territorial, depuración real de fuerzas del orden y funcionarios coludidos, y sobre todo, justicia.
La pregunta no es si el gobierno está haciendo algo. La pregunta es si está haciendo lo suficiente, lo correcto y lo urgente. Porque los números no perdonan. Porque las madres buscadoras siguen solas. Porque la ONU ya nos puso en el banquillo.
México está normalizando lo inaceptable. Cada desaparición no solo es una vida que se esfuma, es también un Estado que se borra un poco más a sí mismo. Y la comunidad internacional ya nos está mirando con lupa.
No podemos resignarnos a seguir contando desaparecidos. Urge fortalecer las fiscalías, invertir en búsqueda forense, proteger a quienes buscan, sancionar a quienes encubren y dejar de negar lo evidente.
La desaparición forzada no es solo un crimen: es un síntoma de que el Estado ha perdido partes de su alma. Recuperarlas no será fácil, pero es el único camino digno.
Y si alguien se atreve a decir que esto no pasa en México… o vive en una profunda negación, o forma parte del problema. No hay más.
POSTDATA I – El pasado jueves, el morenista presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados, fue detenido en Brownsville, Texas. Agentes de Protección Fronteriza lo detuvieron cuando pretendía ingresar a Estados Unidos y oficiales del FBI, Seguridad Interior y la DEA supuestamente lo sometieron a un interrogatorio relacionado con un expediente por narcotráfico que se asegura menciona a varios políticos mexicanos, le cancelaron la visa y lo dejaron ir al día siguiente. Me pregunto cuántos políticos mexicanos por voluntad propia no volverán jamás a Estados Unidos.
POSTDATA II – La pasada administración deshizo el sistema de compra consolidada de medicamentos para el sector salud supuestamente por cuestiones de corrupción. Desde entonces, no logran reemplazar con eficiencia y sin corrupción un sistema que logre lo que, mal que bien, sí funcionaba. Ante este gran dilema, ahora promete fabricar medicinas. ¿Qué podría salir mal?
