Sábado 30 de diciembre – Un autobús parte de la ciudad de Monterrey rumbo a Matamoros, Tamaulipas. Por la noche y minutos después de haber llevado a cabo una escala en la central de autobuses de Reynosa, el vehículo fue interceptado por un grupo de hombres armados que se transportaban en varias camionetas tipo pickup. 31 migrantes (posteriormente se sabría que eran 32) fueron secuestrados.
Domingo 31 de diciembre – Ninguna autoridad municipal, estatal o federal informa nada al respecto. La única información disponible es a través de redes sociales.
Lunes 1 de enero – Por la tarde, el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villareal, reconoce los hechos y da detalles de la captura de los migrantes, ahora rehenes de algún grupo criminal.
Martes 2 de enero – La noticia se vuelve viral y ocupa las primeras planas de medios impresos y portales noticiosos en México. Múltiples portales de información latinoamericanos publican la nota ya que los secuestrados son migrantes de países de la región. El presidente de Colombia dice que hay cuatro de sus connacionales dentro del grupo de rehenes. Las autoridades llevan a cabo un operativo masivo de búsqueda.
Miércoles 3 de enero – El presidente López Obrador se limita a decir en su conferencia mañanera que la Secretaría de Seguridad está llevando a cabo la investigación y que no se sabe que grupo criminal está involucrado en los hechos. Por la tarde, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, publicó a través de redes sociales: “Acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Gracias a las autoridades del estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas”.
Jueves 4 de enero – Aunque se presumió como un rescate, en realidad los 32 migrantes fueron liberados por los criminales en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Río Bravo. Las autoridades estatales no reportaron la detención de ninguno de los agresores. Corren versiones en redes sociales que los criminales hicieron llamadas a los familiares de los rehenes en Estados Unidos para pedir un rescate monetario a cambio de su liberación.
Viernes 5 de enero – El presidente López Obrador reconoce que no se rescató a los rehenes, sino que estos fueron liberados por los criminales (supuestamente) por la presión y presencia multitudinaria de las fuerzas del orden. “Sea rescate o liberación, hay que celebrar que migrantes secuestrados están sanos y salvos.” También criticó a los medios de comunicación que, dijo, “se enfrascaron” en el debate de si fue rescate o liberación, cuando eso no era lo importante (difiero diametralmente de esta última afirmación).
En distintas entrevistas, los migrantes reconocieron haber contactado a sus familiares en Estados Unidos para solicitar dinero a cambio de su libertad. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal aceptó que sí se concretó el pago del rescate en algunos casos. El dinero enviado fue enviado electrónicamente como una de las decenas de miles de remesas que se reciben en nuestro país todas las semanas.
Sábado 6 de enero – Los migrantes liberados se encuentran refugiados en la estación migratoria en Reynosa. La noticia ha dejado de ser trending topic. Los criminales se salieron con la suya y seguirán al acecho de los migrantes. Solo Dios sabe si las autoridades van a darle seguimiento al caso y perseguir al grupo agresor. Fin de la historia.
Y así, amable lector, es que en México si uno tiene las agallas, las armas, el personal y la muy probable cooperación de alguna autoridad, se puede levantar y retener a 32 personas durante cuatro días, obtener un rescate y salir impunes de todo ello.
Para concluir, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece en su artículo 9 que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de cuarenta a ochenta años de prisión, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera.
Sin lugar a dudas, ambas condiciones se cumplieron en el caso de los 32 migrantes, ¿correcto? Sin embargo, les garantizo que este secuestro no será clasificado como tal, será clasificado en las estadísticas bajo el rubro de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”.
POSTDATA – El crimen organizado volvió a votar. La semana pasada, tres precandidatos (de la oposición) para alcaldías en Morelos, Colima y Chiapas fueron asesinados. Tristemente, eventos como estos seguirán ocurriendo, al menos, hasta que se lleven a cabo las elecciones de junio próximo.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
