Uno de los rasgos esenciales del Estado es que pretende el monopolio legítimo de la violencia y eso conduce, necesariamente, a que en el territorio que domina sólo haya un orden jurídico y es deseable que haya una pluralidad de fuentes del mismo, como la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho, y su contenido refleje la diversidad política, social y cultural y atienda a valores superiores como la libertad, la igualdad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el republicanismo, la división de poderes y la laicidad de lo estatal.
Este monopolio tiene como piedra angular el principio establecido en el articulo 17 constitucional que consiste en que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para exigir su derecho y para que cualquier derecho que tenga y reclame sin éxito al acreedor debe acudir ante una instancia jurisdiccional para que está determine la procedencia de la exigencia e instruya, en el extremo, a las fuerzas del orden público para que haga cumplir al deudor con sus obligaciones.
En lenguaje sencillo. Todo lo que pactamos, una compra-venta o un arrendamiento, todos los derechos derivados del orden público como los alimentos, las medidas protectoras del salario y la justicia a una víctima de un delito y todos los derechos humanos son efectivos por los jueces que restituyen los derechos de un agraviado, ordenan el cumplimiento de los contratos y protegen a las personas de los excesos y arbitrariedades de las autoridades o los poderosos.
Sin jueces, no hay derecho. Solo vanas esperanzas de que el gandalla va a respetar el derecho que pacta o que debe obedecer por ley. Parafraseando al clásico: No me vengas con que la ley es la ley, ni que lo pactado debe respetarse, ni que tienes derechos humanos, mientras no haya jueces que me amparen y protejan, el poderoso, el que tiene una posición de privilegio (el rico, el líder sindical, el inspector, entre otros) y el abusivo tendrán manga ancha para hacer y deshacer.
Sin jueces, ¿quién ordenará el pago de una pensión alimenticia?, ¿quién evitará una detención arbitraria o un desahucio ilegal?, ¿quién restituirá en su propiedad a quien ha sido despojado?, ¿quién determinará el pago de daños y perjuicios por un hecho ilícito y una cantidad infinita de violaciones al derecho que no se podrán resolver? Una invitación a la justicia por propia mano. Sin jueces, no hay derecho alguno.
El paro judicial deja en suspenso un derecho fundamental, el derecho de acción, que es el derecho de acudir a una instancia juridicial para que ésta resuelva, previo el agotamiento de un proceso, sobre un conflicto de intereses con base en principios de publicidad, igualdad, objetividad, imparcialidad y conocimiento del derecho. Denegar la justicia, es cancelar todo derecho.
El presidente López Obrador minimizó la “huelga” de los trabajadores del poder judicial y dijo que a la mayoría de los mexicanos no les importaba o que eso evitaría que delincuentes de cuello blanco obtuvieran su libertad. Como broma de cantina, pasa, pero como ironía del servidor público más poderoso de este país es una renuncia expresa a la obligación del Estado de impartir justicia, de que los conflictos entre los habitantes de un territorio se resuelvan con base en el derecho y sin violencia de las personas para exigir lo que ellos consideran que les corresponde.
Hay que reconocer que en algo tiene razón el presidente, a la mayoría de los mexicanos no les importa la justicia formal, la que les ofrece el Estado, porque viven y trabajan en la informalidad, es decir, el Estado, los gobiernos anteriores y los de la 4 T les han fallado. Entonces, estos mexicanos acuden y sufren la justicia privada, aquella que imparte el capo, el cacique, el líder de organizaciones, el servidor público corrupto, el arrendador o el comerciante abusivo, que no declara el ingreso y un larguísimo etcétera.
¿Quién va acudir a un juzgado a reclamar: que el monto de la extorsión fue mal calculado; que hay un doble pago en la cuota que cobra un líder por instalar el puesto semifijo, que la cuota por el apartado del lugar de estacionamiento en la vía pública es excesiva, que no lo contrataron en la plaza de un empleo público que compró; que lo lanzaron de un predio en una zona controlada por la delincuencia organizada; que el mafioso no paga alimentos y un largo etcétera?
Sin jueces, no hay derecho y eso es grave, aunque no lo sea para el presidente. Con jueces controlados por el gobierno o por los poderosos, hay derecho para unos cuantos. Con jueces electos a propuesta de una mayoría política, las minorías no tienen derechos y se pone en peligro la democracia. Este es el corazón del debate de la reforma judicial.
Profesor de la Universidad Panamericana
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