EL UNIVERSAL informó que el Comité de Transparencia del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., negó entregar las fichas técnicas de los vagones del tren interoceánico, que operaron hasta diciembre del 2025 Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos y la reservó por 5 años por razones de seguridad nacional. Esta sociedad es una empresa de participación estatal y, por lo tanto, sujeto obligado a publicar la información pública que maneje y resguarde y, en su caso, permitir el acceso a la misma para que se conozca su desempeño.
En esta negativa se argumenta que la revelación de la información pública sobre los modelos exactos, año por unidad. origen, por lote, manuales, fichas con especificaciones e identificadores incrementa el “riesgo de sabotaje e inhabilitación del material rodante”. Esto muestra una evidente intención de ocultar al solicitante y a la sociedad en general, las características de los vagones involucrados en el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025.
La negligencia en la compra del material rodante o la falta de idoneidad del mismo no es una cuestión de seguridad nacional. Todo lo contrario. Es de interés público que sepamos quién, por qué, cuáles fueron las cuestiones técnicas y quienes los responsables de la construcción y puesta en operación del ferrocarril. Incluso, si esta ruta de ferrocarril estuviera concesionada a una empresa privada, el particular estaría obligado a proporcionar la información por tratarse de un servicio público en el que el gestor ejerce actos de autoridad derivados del régimen especial.
Es paradójico que en un asunto es de enorme impacto político, la muerte de 14 personas y casi un centenar de heridos, se pretenda ocultar por los posibles responsables. No es justificable que el sujeto obligado determiné no dar información con el ánimo que no haya fisgones que husmeen. La información sobre todo lo relacionado con el trágico accidente debe esclarecerse y para evitar que la investigación oficial concluya con el arresto de tres chivos expiatorios.
¿Quién dio el visto bueno para la compra del material rodante involucrado en el accidente? ¿Qué tipo de material rodante era? ¿Sus características eran propias para esa ruta? Hay muchas dudas no aclaradas a la opinión pública y la falta de información sólo fomenta la especulación. La ausencia de datos es la motivación de la solicitud de información que fue denegada. El argumento de que el interés público de difusión es marginal y, en cambio, la divulgación de los datos eleva sustancialmente el riesgo de seguridad es insostenible. Las especificaciones técnicas no debieran mantenerse en secrecía durante los próximos cinco años, menos aun cuando los responsables de la adquisición y operación del material rodante involucrado en el accidente son quienes no quieren proporcionarlos, aunque sean información pública.
La negativa del comité pretende que no haya investigaciones ajenas al gobierno, que descubran que hubo negligencia culposa. El argumento es absurdo y consiste en alegar que los datos no se proporcionan porque hacerlo implicaría un riesgo de sabotaje a los vagones, pero la información solicitada involucra a los dañados por el accidente, que obviamente ya no van a circular.
El solicitante cuya petición de información fue denegada tiene el derecho de acudir a la instancia revisora de la resolución del Comité, que es el órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Transparencia para el Pueblo, que sustituyó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que era un órgano constitucional autónomo no subordinado al gobierno. ¿Confirmará la negativa de acceso a la información y la reserva por seguridad nacional de la información pública en poder del sujeto obligado? Este caso será emblemático para demostrar el grado de autonomía del nuevo órgano garante.
Gobierno contra gobierno. Los involucrados en el accidente contra quienes juraron un cargo público en defensa de la transparencia para el pueblo. Seguramente, las presiones para la secretaria Raquel Buenrostro y la comisionada María Tanivet Ramos Reyes ya comenzaron, quienes deberán tomar la decisión definitiva. Si ratifican la negativa serán cómplices del accidente, en caso de que la compra del material rodante haya sido inadecuada, aunque nadie podrá comprobarlo hasta el 2031, pero si deciden ordenar la entrega de la información, el asunto escalará a la Presidencia de la República, donde deberá decidirse si realmente existe la transparencia en México.
Si hubiera autonomía constitucional de los órganos garantes de la transparencia y del acceso a la información, esto evitaría que estas decisiones afectaran la investidura presidencial. A todos nos afecta que se debilite el poder de transformación de la titular del Ejecutivo Federal, que no debiera ser el fiel de la balanza en todos los asuntos públicos. Vale.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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