Los Servidores de la Nación, pues así son llamados oficialmente, están adscritos a la Secretaría de Bienestar del gobierno federal. Suman, de acuerdo con cifras de este gobierno, alrededor de 20 mil personas que están distribuidas en todo el país para, mayormente, coadyuvar en la distribución de las pensiones que reciben bimestralmente los adultos mayores.
Si esos 20 mil elementos fueran militares, el presidente López Obrador tendría ya alistadas dos divisiones a su servicio para la guerra electoral del 2024. El próximo año los servidores de AMLO tocarán seguramente las puertas de los hogares para recordar a cada adulto mayor, y a sus familiares, las bondades de Morena.
Debe ser cuantioso el financiamiento que se requiere para pagar la nómina y los extras de esas dos divisiones que, sin falta, se lanzan a las casas buscando votos, llenan las calles de propaganda o copian al menor pretexto las credenciales del INE (recuérdese la primera campaña de vacunación contra el Covid). Pero por más que cuesten, para eso está el propio programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual tiene este año un presupuesto de 335 mil millones de pesos. Y el cual recibirá en el 2024, si lo permiten los diputados opositores, 465 mil millones de pesos. Ni más ni menos que un 1.4% del PIB.
La Secretaría de Bienestar justificó el monto para este año asegurando que está obligada a transferir trimestralmente 4,800 pesos a 11.4 millones de adultos mayores, lo cual representa una erogación anual del orden de 328 mil millones de pesos (y resta, por tanto, un monto aproximado de siete mil millones para pagar a los servidores de AMLO). Sin embargo, ese número estratosférico de adultos mayores es, como se verá más abajo, una burda sobrestimación.
Pero lo más extraño no es eso, sino que la propia Secretaría de Hacienda ya avaló esa cifra. En sus recientes Criterios Generales de Política Económica, el cual es, o debería ser, el documento rector de la política hacendaria, la Secretaría afirma que el programa “beneficia a alrededor de 11.4 millones de personas” (p. 4).
Alguien tiene mal los números, esas dos secretarías o el Consejo Nacional de Población. Nada más que el Consejo es, por ley, el encargado de proyectar las cifras de la población mexicana. De acuerdo con el banco de datos liberado en agosto pasado en el portal del Consejo, “Conciliación demográfica de 1950 a 2019 y proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070”, a mediados de este año de 2023 la población de los adultos mayores con una edad de 65 años o más se proyectó que alcanzaría la cifra de 10,760,014 mexicanos, mientras que en el 2024 será del orden de 11,217,534.
¿Dónde quedará entonces el sobrante de más de 18 mil millones de pesos que la Secretaría de Bienestar afirma que gastará este año? Y, tomando en cuenta que en el 2024 la pensión bimestral subirá a 6,000 pesos, ¿qué harán los morenistas con el remanente que se dará, en el orden de 50 mil millones de pesos, si el Congreso aprueba el presupuesto así? El monto de este guardadito debe preocupar y ocupar a los diputados de la oposición.
