Durante tres décadas, la relación entre los socios comerciales de América del Norte estuvo marcada por un pacto entre las élites económicas y políticas de los tres países.
Entre 1994 y 2018 se trató del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), denunciado por el presidente Donald Trump en 2017, alegando que no beneficiaba a los trabajadores estadounidenses.
El TLCAN perdió sus apellidos ‘de libre comercio’ y ‘de América del Norte’. A partir del 1 de julio de 2020 se convirtió en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, cuyo propósito supuestamente fue apoyar a los trabajadores estadounidenses.
En 2025, con Trump, está de regreso la política de la fuerza. Washington negocia por separado, de manera bilateral, con Ottawa y con Ciudad de México, y presiona a ambos para sumarse al objetivo de frenar el ascenso de China en los ámbitos geopolítico, financiero, comercial y tecnológico.
En su segundo mandato, Trump ha abandonado toda disciplina en sus relaciones internacionales, colocando al derecho internacional en el bote de la basura.
Las decisiones emanan de la Casa Blanca de manera caótica, desordenada y contradictoria. Trump arremete contra los mandos militares y los empleados gubernamentales, al tiempo que la economía muestra tensiones por los aranceles y los recortes presupuestarios, impugnados ante los tribunales.
Más allá de lo que plantean los gobiernos, desde Estados Unidos sectores ciudadanos plantean un proceso transparente y participativo con supervisión de los congresos respectivos en EU y México, y del parlamento canadiense.
Desde Canadá, el Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA) nos advierte: ‘preparémonos para lo peor, pero hagamos planes para el progreso social’. Preguntan: ¿cómo asegurarnos de que el TMEC provea opciones para fortalecer la cooperación económica, social y ambiental en América del Norte más allá de los gobiernos? Trump choca con estos propósitos, pues no busca cooperar sino imponer.
Desde México, el especialista Eduardo Guerrero ha planteado un Tratado de Seguridad para América del Norte, para combatir la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas, personas y armas ilegales, para reducir el impacto del crimen en los ciudadanos. Asimismo, representantes del sector laboral mexicano plantean la coordinación y cooperación de sindicalistas de los tres países para exigir condiciones comerciales justas y promover una verdadera prosperidad compartida.
Esa prosperidad compartida anhelada por nuestros pueblos ha sido muy elusiva. La plutocracia avanza a pasos agigantados, mientras las familias trabajadoras estiran su dinero para terminar el mes, señala Oxfam en su Informe 2025 https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/takers-not-makers/.
La globalización y el sistema de comercio están estructurados para beneficiar a las grandes corporaciones multinacionales. Hay movilidad del capital, de las inversiones y de los altos ejecutivos, pero no hay movilidad laboral, lo que debilita a los trabajadores. En América del Norte se debería hacer posible la negociación colectiva transfronteriza de los trabajadores de la misma compañía en los tres países. El TLCAN de 1994 no incluía derechos laborales, el TMEC de 2020 contiene un capítulo sobre el trabajo. Por algo se empieza.
Profesor asociado en el CIDE.@Carlos_Tampico