La inyección de dinero ‘caliente’ de origen ilícito a las campañas electorales no es novedad en el sistema político mexicano.
Partidos políticos y candidatos usan dinero público sustraído del erario, obtienen recursos del crimen organizado, reciben narcofinanciamiento y muchas otras variantes.
Lo que sí es nuevo es que un partido que en su gestación luchó para que el gobierno sacara las manos de las elecciones, ahora es el principal beneficiario del desvío de dinero público y de allegarse dinero sucio con propósitos electorales.
Para muestra, un botón. En Tamaulipas la maquinaria está perfectamente aceitada, funciona de manera circular:
1. Ha desaparecido el umbral entre funcionarios públicos y crimen organizado. Atrás quedó el periodo de encubrimiento o mera protección a los criminales. Ahora son las mismas personas.
2. Las personas que delinquen y lucran con el huachicol fiscal desde sus cargos públicos o sus empresas privadas, son exactamente las mismas que financian las campañas electorales del oficialismo.
3. De la misma manera en que un buque atracó en el muelle en Tampico a plena luz del día, con carga falsamente declarada y con una fila de pipas para transportar el combustible huachicoleado, ahora la operación electoral es una y la misma que la operación criminal, a la vista de todos.
La reforma electoral ni siquiera aborda el ‘elefante en la sala’: la pérdida del registro de partidos y candidatos que usen dinero ‘caliente’.
El oficialismo asegura que el proyecto integra mecanismos de control del financiamiento ilícito e inteligencia financiera para impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Puedo equivocarme, pero a partir de 2018 no hay una sola condena judicial confirmada en México por casos de dinero sucio en campañas. Así que la impunidad cobija a la repetición.
El objetivo primario de la reforma es asegurar el monopolio político para el oficialismo, e impedir que algún adversario pueda ganar.
Un caricaturista, Jabaz (https://www.milenio.com/opinion/moneros/jabaz/resumen-de-la-reforma) ha sido el más certero al describirlo: el 26 de febrero mostró a Pablo Gómez sosteniendo las tablas de los diez mandamientos, que dicen, literalmente:
“I. Nos II. costó III. mucho IV. llegar V. ahora VI. nadie VII. nos VIII. va IX. a X. sacar”, en una parodia de la frase de Fidel Velázquez, el sempiterno líder de la central obrera priísta: ‘a balazos llegamos y a tiros nos tendrán que sacar’.
La reforma constitucional en materia electoral no alcanzó la mayoría calificada en Diputados el 11 de marzo. Viene ahora el Plan B.
Los Estatutos de Morena señalan como objetivos: Erradicar de la vida política el nepotismo y el uso de recursos para manipular voluntades. Combatir toda forma de corrupción, privilegio, ilegalidad y autoritarismo. Excluir de la organización a personas a las que se les compruebe participación en actos de corrupción, violación a derechos humanos o cualquier actividad delictiva.
Una vez que el oficialismo subordinó al Tribunal Electoral, socavó al INE, eliminó el órgano de transparencia y desapareció la división de poderes, es obvio que no se va a investigar ni a sancionar a sí mismo.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿puede el partido del gobierno ganar elecciones sin recurrir al dinero ‘caliente’ del narco y el crimen organizado?
Profesor asociado en el CIDE. @Carlos_Tampico