El desfondamiento ético en el México de la 4T es muy profundo.
El mensaje de impunidad de los políticos y funcionarios que han protagonizado un saqueo sin precedentes en la historia de México ha marcado a este gobierno.
Si el senador de la Barredora es exonerado de facto, y el gobernador cuyas campañas paga el huachicol ni siquiera es investigado, y el mandatario estatal cómplice del narcotráfico, es abrazado por la presidenta, entonces resulta fácil sucumbir a la tentación.
Quienes hicieron campaña con el lema ‘no robar, no mentir, no traicionar’ incurren precisamente en esos vicios, mientras culpan a funcionarios del pasado y se autoabsuelven. Vaya paradoja que la 4T use la imagen del expresidente uruguayo Pepe Mujica como ejemplo de congruencia y honestidad, cuando, en los hechos, se coloca en la antípoda.
El huachicol fiscal es la tragedia de cómo el Estado mexicano se carcome a sí mismo a través de las alianzas entre políticos, funcionarios y el crimen organizado. No es sólo el fraude al fisco por la simulación de hacer pasar el combustible contrabandeado por aditivos, sino el impago de impuestos que alcanza ya una cifra sideral.
‘No hay dinero’ es la frase omnipresente para justificar la inacción, que no se ve sucedida por la pregunta indispensable: ¿y por qué no hay dinero? Pues entre otras cosas, porque el saqueo despiadado es protegido y encubierto por quienes lo realizan.
Hasta ahora, los ‘huachicolazos’ por parte de las autoridades de seguridad son apenas accidentes en el camino: los altos funcionarios involucrados descuentan las pérdidas pasajeras y tras una pausa continúan con el negocio ilegal, con algún cambio del modus operandi, sin que se frene el latrocinio.
La herencia del gobierno 2018-2024 incluyó el uso de la justicia selectiva como herramienta de control político, que solo investiga a los críticos y a los adversarios. Hay señales incipientes de que se reconoce que esa instrumentalización política de las instituciones judiciales (fiscalías, tribunales) acaba siendo contraproducente, y que debe terminar esa práctica.
Vaya desde aquí mi homenaje a quienes mantienen viva a la administración pública federal, a pesar de los pesares.
A las enfermeras y médicos del sistema de salud pública rebasado y colapsado. La aguda crisis se ha manifestado en la cancelación de cirugías por falta de insumos, en el perpetuo desabasto de medicamentos, en la privatización forzada que obliga a derechohabientes a acudir a consultorios, farmacias y laboratorios privados.
A las maestras y maestros que enfrentan cotidianamente problemas de infraestructura deficiente (los baños no son suficientes ni adecuados, no hay Internet confiable), y deserción escolar por factores económicos e inseguridad.
A los soldados y marinos de abajo, que cumplen con sus tareas diligentemente, mientras algunos mandos incluso participan en complicidades criminales en las aduanas y en el huachicol fiscal.
Al personal de protección consular, que, en un contexto de graves carencias, da lo mejor de sí para apoyar a nuestros paisanos en el marco de la guerra trumpista contra los trabajadores migratorios.
El principal reto para la presidenta CSP está clarísimo: separar al poder político del poder criminal. Es un autoengaño pensar: ‘si persigo a los propios que incurren en delitos, se debilita el movimiento’. Es exactamente al revés. Tiene que revertir el desfondamiento ético.
Profesor asociado en el @CIDE_MX. @Carlos_Tampico