Otro avión lleno de capos del narcotráfico presos en México y expulsados a Estados Unidos por la presidenta Sheinbaum. El primero, el 27 febrero; el segundo, el 12 de agosto, ambos por vías extrajudiciales.
El impulso espontáneo llama a congratularse: qué bueno que los expulsaron porque de allá no se escapan y van a pagar lo que hicieron. En México siempre queda la duda de que los suelten, o de que sigan operando sus empresas criminales desde prisión, como reconoció el propio secretario Omar García Harfuch.
Como lo ha expuesto acertadamente Carlos Pérez Ricart https://www.reforma.com/extorsion-bilateral-2025-08-14/op297832
‘La política mexicana en seguridad y justicia se decide en Washington, no en Palacio Nacional… si México no puede o no quiere, Estados Unidos asumirá la tarea’.
Se decomisa huachicol, se anuncia nueva estrategia sobre la extorsión, se arrestan y expulsan capos, pero tras siete años no ha sido confirmado un solo arresto de funcionarios o políticos morenistas a partir de 2018. Ni un gobernador, ni un legislador federal, ni un miembro del gabinete. Desconocemos cuántos podrían estar en etapa de investigación. Como si los capos hicieran su tarea en el éter, sin contacto, ni protección, ni complicidad, ni encubrimiento por parte de políticos.
¿Acaso Estados Unidos ha solicitado ir tras los políticos, como ha pedido que les enviemos a capos y se le han concedido? No lo sabemos, pero la conversación podría transcurrir así:
‘¿El líder del senado? - Es que no tiene antecedente alguno’.
‘¿El gobernador de la tierra del Chapo y del Mayo? No hay de qué acusarlo’.
Si Washington investiga e identifica por presuntos vínculos con las ‘organizaciones terroristas extranjeras’, a algún conspicuo morenista instalado en su cargo por AMLO, lo que sí sabemos es que aquí: i) no se investiga a los políticos guindas de altos vuelos; ii) no se les remueve de su cargo, aunque la evidencia contra ellos sea contundente.
Prevalece el doble rasero: ‘a los amigos, protección y encubrimiento; a los adversarios, todo el peso del Estado’.
Entendámonos: quizá tengan ya un grueso expediente en su contra, pero sólo como instrumento de negociación política, sin abrirles procesos judiciales.
Y con todo el apoyo de que goza dentro de México, y con la credibilidad que tiene como interlocutora ante Washington, cada día aumenta el peso de actos y omisiones de sus correligionarios que la presidenta carga sobre sus espaldas. ¿Por qué?
Hay otro ángulo que poco se ha analizado: alcaldes y gobernadores de estados fronterizos tienen casa o lugares de descanso en territorio estadounidense. ¿Con qué personajes se han reunido allá, que podrían exhibirlos como accesorios del huachicol fiscal -combustible estadounidense contrabandeado a México, lo que viola leyes en los dos países- y que acaba financiando actividades de los carteles, hoy designados como organizaciones terroristas extranjeras?
Estados Unidos ya conoce el camino. Decían que Biden no se atrevería, y extrajo al ‘Mayo’ bajo el gobierno de AMLO, sin decir agua va.
El mayor riesgo para el gobierno de México, y por lo tanto la razón de su debilidad y vulnerabilidad, no es un encontronazo con Washington. Es la omisión para cumplir con su responsabilidad de reconstruir las capacidades judiciales y de seguridad internas de México, no para acosar adversarios, sino para hacer aquí justicia pareja para todos.
Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico
