Un sistema democrático se conforma de diversos componentes que lo mantienen vivo, lo fortalecen y lo consolidad con el paso del tiempo.
Entre algunos de éstos, encontramos que el peso mayoritario y participativo de las y los ciudadanos en elecciones es fundamental ya que determinan el rumbo del país, y así dan legitimidad tanto al sistema como a las personas electas; que el consenso forjado a través del diálogo abierto es el hilo conductor que permite a las instituciones del estado mexicano concretar acuerdos en beneficio de la nación; que las acciones y determinaciones de toda autoridad deben tomarse con todos los elementos que den certeza, credibilidad y garantía de profesionalismo y con transparencia, entre otros.
Bajo este contexto, desde la fundación del otrora Instituto Federal Electoral, hasta antes del 31 de marzo de 2023, ya con nueve años de andar del Instituto Nacional Electoral (INE), surgido de la reforma constitucional de 2014, un elemento clave en la organización y fortalecimiento de la máxima autoridad electoral del país, fue justamente la construcción de consensos de sus integrantes, consejeras y consejeros electorales, para arribar a los mejores acuerdo que han permitido llevar a buen puerto elecciones auténticas y legítimas de manera pacífica.
No obstante, el diálogo, el intercambio de opiniones y la construcción de acuerdos en el Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión es, desafortunadamente en este momento, un tema del pasado, ya que prácticamente durante nueve meses en 2023 no se habían nombrado a las todas personas titulares de las áreas nodales de la Institución.
Por ello, en diciembre de 2023, el INE por conducto de su Consejo General aprobó, por mayoría de votos un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de sus áreas ejecutivas y técnicas que, entre otros aspectos, se basaba en el consenso mayoritario basado en la acreditación académica y profesional para la ocupación de los puestos.
Este acuerdo fue impugnado por Morena, el PRI y el PT ante el órgano jurisdiccional electoral respectivo. El Tribunal Electoral modificó, por mayoría de votos, dicho mecanismo para establecer plazos y requisitos para la que presidencia del INE presentara ante sus pares consejeros y consejeras electorales las propuestas para ocupar la cartera de las personas titulares de las distintas áreas de la Institución.
El tiempo transcurrió y las propuestas para cubrir la mayoría de las áreas que eran lidereadas por personas encargadas de los diferentes despachos, tampoco llegaron. Esta facultad de proponer personas para los altos cargos del Instituto reside, ahora en la presidencia del INE.
Una vez aprobada la reforma constitucional para reformar al Poder Judicial y con el pretexto de aprobar la ley reglamentaria de esta reforma, de último momento y violando el debido proceso, se introdujo una adición a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 45), que valga decir nada tenía que ver con lo mandatado por la Constitución para regular la reforma al Poder Judicial, y que determinara inconstitucionalmente y violando la construcción de consensos entre pares establecido en el artículo 41 de la Constitución, se le otorgó la facultad a la presidencia del INE para designar “… a los directores ejecutivos y demás titulares de las unidades técnicas del Instituto”.
Antes de esta reforma la normativa electoral disponía que la presidencia del INE debía proponer estos nombramientos con los perfiles adecuados y lograr el consenso de 8 de los 11 integrantes del Consejo General (consejerías electorales) para que fueran designados en el cargo.
Vale la pena referir que con seis votos a favor y cinco en contra, el INE acordó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir la suspensión de lo que se ha denominado “superpoderes” que el Poder Legislativo le otorgó a la presidencia del INE y del que esperamos una pronta resolución.
Con este panorama fue nombrado el titular del área de transparencia del INE, área vital que ha sido columna vertebral de la Institución por toda la información que produce y que publicita para beneficio de la nación.
Al respecto, varios medios de comunicación han destacado que el funcionario designado no cuenta con experiencia en la materia que, de ser cierto, no solo resultaría gravísimo para la Institución sino, además, iría en sentido contrario con los dos pilares que han sostenido al IFE-INE, su servicio profesional electoral nacional y su rama administrativas a quienes siempre se les ha exigido la más alta capacidad, el cumplimiento irrestricto del perfil de acuerdo al puesto y los más altos estándares de profesionalismo.
El INE lleva más de 30 años mostrando un alto nivel en el desarrollo de elecciones gracias al profesionalismo de sus integrantes, y defenderemos que siga siendo igual.
Consejera electoral del INE
