En las próximas semanas nuestro país vivirá momentos intensos y de grandes definiciones en torno a nuestra democracia, pues conoceremos y, eventualmente, el Congreso de la Unión estará analizando la iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que ya diversos actores políticos, a través de distintos foros, se han expresado y otros incluso han hecho llegar propuestas para ser consideradas con la intención de fortalecer el sistema electoral mexicano.
En mi opinión, como consejera electoral del máximo órgano de administración electoral del país, presento de manera sintética los temas que deben considerarse para fortalecer los derechos políticos y electorales de las personas, la equidad en la competencia electoral, la innovación y modernización en diversas actividades, el reconocimiento pleno a la paridad y la inclusión, medidas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la seguridad y certeza jurídicas, la autonomía e independencia de las autoridades electorales.
Comparto que debe reducirse el costo de las elecciones y para ello deben modernizarse diversas actividades que realizan las autoridades electorales durante los procesos electorales y fuera de ellos, así como con la adopción del voto electrónico -tanto por internet o en urna electrónica- que en un mediano plazo serán una alternativa de ahorro presupuestal y de garantía del ejercicio del voto a diversos grupos de electoras y electores.
La ley debe considerar de manera exhaustiva la regulación de acciones afirmativas bajo un modelo que permita una auténtica participación de las personas que históricamente han estado discriminadas.
Es necesario que la ley fortalezca el principio de paridad y establezca alternancia en las dirigencias de los partidos políticos y las presidencias municipales. Deben determinarse reglas claras para garantizar el cumplimiento de la paridad en el registro de candidaturas, en la asignación de la representación proporcional, en el financiamiento para las campañas y el acceso a los tiempos de radio y televisión con enfoque de género, fiscalización con perspectiva de género, así como que establezca la obligación para las autoridades electorales de construir y difundir una cultura educativa que defina a la paridad como lo que es: un principio constitucional para garantizar la igualdad sustantiva en nuestra sociedad.
Es imprescindible que en el marco de una reforma electoral se analice la conveniencia de que el sistema de representación política en el Congreso de la Unión quede lo más fielmente posible a la manifestación de la ciudadanía depositada en las urnas.
Insistiría en las múltiples ventajas de contar con un marco legal que permita la instrumentación gradual del voto electrónico, tanto en el uso de urnas electrónicas como en la implementación del voto por internet al interior de la República, tal cual se utiliza por las y los mexicanos residentes en el extranjero como una modalidad más de votación. He planteado que este mecanismo podría servir para que, bajo un esquema de voto anticipado, se use en aquellas zonas con presencia del crimen organizado, así como para diversos colectivos que no pueden acudir a una casilla a votar el día de la elección.
Es necesario valorar la duración de las campañas electorales, la regulación de su entorno digital, el uso de datos personales y microsegmentación, plataformas electorales, entre otros aspectos.
Es impostergable el fortalecimiento de la fiscalización electoral que realiza el INE como un auténtico mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, para ello, entre otras consideraciones debe establecerse un sistema sancionatorio vinculante que inhiba irregularidades, con una normativa mínima para que determinadas infracciones puedan sancionarse, incluso con la nulidad de la elección; la ley debe permitir al INE revisar a terceros implicados en las elecciones en el ámbito nacional e internacional; debe la ley señalar la obligación de la colaboración interinstitucional con instancias como el SAT, la UIF, la FGR, la CNBV, entre otras, en tiempo real y con sanciones a personas servidoras públicas que no remitan al INE información completa y dentro de los plazos legales.
Resulta imprescindible, además, que legalmente se determine que no es oponible el secreto ministerial ante el INE, que las plataformas digitales cuenten con representación legal en nuestro país, así como el uso de tecnología de punta para una fiscalización más profunda que impida el uso de recursos ilícitos ni la injerencia del crimen organizado en nuestros procesos electorales.
Deben fortalecerse los mecanismos de prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con medidas efectivas y el reconocimiento de las resoluciones administrativas en las que se determine esta violencia, no solo con sentencias en el ámbito penal, también, para determinar la pérdida de los derechos políticos y electorales de quienes la cometan.
Para contar con plena certeza tanto en la organización, desarrollo y operación de las elecciones, así como su respectiva calificación y resolución de controversias, debe fortalecerse la autonomía e independencia de las autoridades electorales y garantizar la participación de la ciudadanía en todas sus etapas.
Ante la programación de elecciones políticas federales y locales y la posibilidad de realizar el ejercicio de Revocación de Mandato, es indispensable que el Legislativo determine realizar en otro momento, incluso dentro de 2027, las elecciones para la renovación de la segunda parte de las personas juzgadoras del Poder Judicial; esto independientemente de las múltiples mejoras que deben realizarse a este proceso electivo.
La reforma electoral debe ser la piedra angular para consolidar una estabilidad social bajo una competencia sana, transparente, equitativa, justa, igualitaria y libre de violencia que fortalezca nuestra democracia y que muestre al mundo que seguimos siendo un ejemplo de respeto a nuestros derechos y libertades.
Consejera Electoral del INE