Setenta y dos años han pasado desde que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicara el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mexicanas un 17 de octubre de 1953, y setenta años desde un 3 de julio en que, por primera vez en una elección federal, las mujeres votaron.
No obstante, más que una conmemoración por estos registros históricos es necesaria una revisión de los obstáculos que han impedido la materialización de la igualdad sustantiva, elemento indispensable para lograr una democracia plena.
El primer pendiente es la consolidación de la paridad, ya que a pesar de que la paridad de género es un principio constitucional desde 2014 y con ello se han aprobado múltiples acciones afirmativas que la han fortalecido tanto por diversas resoluciones y acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como la reforma de diversas legislaciones para robustecerla.
La paridad como principio implica que todas las normas en esta materia se apliquen en todos los rincones del país para la renovación del poder público, pues la realidad se traduce en que las mujeres siguen siendo relegadas a candidaturas simbólicas; restricciones en recursos que les son necesarios para su óptimo desempeño; renuncias forzadas y, en especial, estructuras partidistas anquilosadas que no cumplen a cabalidad sus obligaciones legales como, por ejemplo, la asignación de recursos para el fortalecimiento y empoderamiento de los liderazgos políticos de las mujeres.
Para concretar la paridad resulta necesario que el INE tenga la atribución de realizar auditorías periódicas y públicas sobre los tiempos asignados en radio y televisión pero, sobre todo, en propaganda digital a cargo de las instituciones políticas, así como por parte de los medios de comunicación, desagregados por género y nivel de competencia y de imponer las sanciones que correspondan en caso de no cumplir con las políticas de paridad en las contiendas electorales con perspectiva de género.
Sin una medición periódica y pública, así como sanciones efectivas y proporcionales la paridad se diluye en una norma muerta sin aplicabilidad.
Otro tema pendiente es el combate frontal a la violencia política contra las mujeres en razón de género, principalmente en el ámbito digital que en últimas fechas se ha intensificado a través de campañas de difamación coordinadas; doxxing; diversas modalidades de acoso; la irrupción de deepfakes sexuales o denigrantes, entre muchas más.
Es necesario que el Legislativo, ante una eventual reforma electoral, analice esta importante temática y tipifique nuevas violencias que permitan a la autoridad electoral trazar rutas que deriven en el retiro de contenidos, el establecimiento de medidas cautelares inmediatas y la imposición de sanciones que correspondan al daño perpetrado.
Asimismo, y tal y como lo he referido de manera pública es necesario blindar la fiscalización a cargo del INE para poder lograr el rastreo de la pauta digital con herramientas forenses, establecer reglas a las plataformas y fiscalización digital, entre otras.
Un tercer pendiente es que el Legislativo determine medidas de protección cuando se active el protocolo respectivo de violencia de género que otorgue a la mujer todas las condiciones adecuadas de su seguridad.
Otro pendiente adicional está relacionado con los presupuestos con perspectiva de género, es decir, de nada sirven mandatos legales si los recursos destinados para materializar la igualdad sustantiva son inexistentes. La reforma electoral tendría que establecer pisos mínimos de financiamiento para la igualdad en la vida política.
La paridad debe ser también pluricultural e inclusiva, por lo que una tarea pendiente es trabajar para delimitar reglas de postulación y ejercicio de los cargos de mujeres indígenas, así como rutas para denunciar violencia comunitaria. Como lo he referido en múltiples ocasiones, la paridad no es un techo aritmético sino una promesa de igualdad sustantiva.
La ruta para la elección de 2027 está en marcha, el INE hará lo que esté en su alcance, como lo ha venido haciendo, para fortalecer la igualdad, seguir buscando abatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y crear las condiciones propicias para elecciones equitativas. Toca el turno al legislativo para establecer una ley más inclusiva, con perspectiva de género que tenga por objeto el fortalecimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones libres de violencia.
Consejera Electoral del INE
