Una vez realizada la primera elección del Poder Judicial en México el pasado primero de junio, por la que las y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar por diversos cargos del Poder Judicial de la Federación así como en 19 entidades federativas por los cargos de los Poderes Judiciales locales, muchas son las lecturas que analistas, académicos, la clase política, especialistas, periodistas y la propia ciudadanía han dado a este proceso electoral extraordinario, que aún no ha terminado.
Los cómputos distritales encargados de dar a conocer los resultados de las elecciones de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las y los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, de las y los magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las y los magistrados de Circuito y de personas juzgadoras de Distrito, fueron programados por el Instituto Nacional Electoral (INE), para realizarse una vez concluida la jornada electoral y hasta el 10 de junio y comenzarán ahora los cómputos locales para las elecciones por entidad y circunscripción.
Aun con la conclusión de los cómputos por parte de los Consejos Distritales y Locales del INE, existen varios rubros procedimentales que la autoridad electoral debe desarrollar todavía. Me explico.
El INE, con los resultados de los cómputos, verificará las candidaturas que hayan tenido el mayor número de votos y su correspondencia con su función de especialización, garantizando siempre el cumplimiento del principio de paridad de género, así como que las y los candidatos ganadores no se encuentren en los supuestos establecidos por el artículo 38 de nuestra Constitución —conocida como la 8 de 8— y los requisitos de elegibilidad e idoneidad, entregará las constancias de mayoría y emitirá la declaratoria de validez de la elección que corresponda, el próximo 15 de junio.
No obstante, el INE deberá analizar las 29 quejas presentadas por irregularidades relacionadas con los llamados “acordeones” o “guías” de votación en favor de determinadas candidaturas que contendieron en esta elección judicial. Adicionalmente, de manera minuciosa revisará la materialización de las medidas cautelares dictadas por la autoridad electoral, así como las vistas que se ordenaron a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), y de la Fiscalía General de la República para que, en su oportunidad determinen lo que a derecho proceda.
Es de resaltar que en el entorno de la elección judicial, las principales denuncias presentadas fueron las siguientes: actos anticipados de campaña; contratación de propaganda en redes sociales; afectación a los principios de neutralidad e imparcialidad de diversas personas servidoras públicas; violencia política contra las mujeres en razón de género; la participación de personas candidatas en foros y debates que presuntamente no cumplieron con los requisitos normativos establecidos; encuestas o esquemas de difusión que posicionaron propaganda electoral que, de manera inequívoca, refirieron la identidad de algún partido político; posible inducción del voto de personas a través de los llamados “acordeones” o “guías de votación”; colocación de propaganda en equipamiento urbano; actos proselitistas durante el periodo de la veda electoral, así como la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión aún y cuando la normatividad electoral lo prohíbe, así como la falta de reporte de diversos ingresos y egresos, entre las principales.
El resultado del proceso de revisión de los informes únicos de gasto de todas las candidaturas; que se hayan ajustado a los topes de gastos de campaña, así como el origen y destino de los recursos que utilizaron las y los candidatos en sus campañas, lo conoceremos el 28 de julio en sesión del Consejo General del INE.
Luego de la revisión de todas estas denuncias, quejas y de que conozcamos el Dictamen Consolidado y la Resolución en materia de fiscalización, las resoluciones del INE podrán ser revisadas si son impugnadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso de las elecciones magistraturas electorales para la Sala Superior.
En este sentido, el TEPJF deberá resolver el último de los medios de impugnación que se presenten ante la autoridad jurisdiccional electoral antes del 28 de agosto del año en curso, para que las personas que resultaron electas puedan tomar posesión del cargo el primero de septiembre.
Hasta entonces tendremos certeza de la elección y conoceremos las cifras finales, los resultados de las impugnaciones presentadas sobre la resolución de las quejas, denuncias y las determinaciones del TEPJF.
Una vez resueltas todas las impugnaciones por el TEPJF y por la SCJN en lo que se refiere a la integración de la Sala Superior del TEPJF, el primero de septiembre las personas candidatas a juzgadoras tomarán protesta de ley y entrarán en funciones el 15 de ese mismo mes.
En este sentido, aún falta un trecho para poder señalar que la elección judicial ha concluido.
Carla Humphrey
Consejera electoral del INE
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