La figura de consejerías electorales está prevista en la Constitución y en la legislación electoral y sus funciones son fundamentales para el desarrollo de la vida democrática del país, en particular para la óptima planeación, organización de procesos electorales tanto federales como locales; ejercicios de participación ciudadana y, ahora, elecciones para la renovación de diversas figuras del Poder Judicial.
En este contexto, desde la consejería electoral que ocupo, gracias a la oportunidad que me diera el Congreso de la Unión desde mediados de 2020, me gustaría describir diversas actividades que no se limitan solamente al cumplimiento irrestricto de la ley.
Nuestro rol como integrantes del Consejo General, que es máximo órgano de dirección del Instituto Nacional (INE), no solo es la de supervisar que se desarrollen las actividades enmarcadas en la normativa electoral o en sus planes de trabajo.
Una consejera o consejero debe ser, de entrada, una demócrata, convencida del cumplimiento irrestricto de nuestra Constitución y nuestras leyes; debe contar con características operativas como el diálogo, en trabajo en equipo, la búsqueda de consensos, la apertura a la crítica y al escrutinio público; la obligación de señalar públicamente las razones para estar a favor o en contra de una determinada decisión; la permanente búsqueda de mejoras en la forma de organizar las elecciones, etcétera.
Una o un consejero debe conocer que su Consejo General es un órgano colegiado en donde las consejerías son las únicas que tienen voto y por lo mismo, le dan sentido a nuestra democracia. La toma de decisiones en el seno del Consejo General, si bien esta fundado en el principio de la mayoría, las minorías de las y los consejeros que no apoyaron con su voto la aprobación de algún Acuerdo o Proyecto no deben ser excluidas, sino contar siempre con una política incluyente.
Una o un consejero analiza los resultados alcanzados y una de las principales metas consiste en proponer de manera constante mejoras que fortalezcan los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, así como la forma de organizar elecciones y mecanismos de democracia directa más eficientes, incluyentes y menos costosas.
Al respecto, se han hecho diversos planteamientos sobre rubros que son necesarios para contar con un sistema más democrático y que, todas y todos los que participamos en elecciones rindamos cuentas de nuestro actuar.
Por ello, retomaré de nueva cuenta propuestas que he presentado y que, en algunas me acompañan algunas y algunos de mis compañeros, y que enuncio a continuación:
- Nuestra nación debe ser incluyente, componente propio de una democracia, por lo mismo la ley debe garantizar la participación activa de segmentos de la población que han estado históricamente discriminados;
- Autonomía de la autoridad electoral, tanto con el mantenimiento y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral, como con la garantía que se cuenta con el presupuesto suficiente para el debido cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que tenemos conferidas.
- Debe fortalecerse el principio de paridad de género facultando al INE para realizar diversas revisiones a partidos, sus candidaturas, finanzas, a la distribución paritaria de los tiempos de radio y televisión, a los programas digitales de las instituciones del estado mexicano, medios de comunicación, entre otras más.
- Deben fortalecerse las sanciones de un fenómeno que obstaculiza la materialización de la igualad sustantiva: la violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Debe analizarse con todo detenimiento la posibilidad de instituir la votación electrónica (urna electrónica) y el voto por internet al interior de la República con lo que se ahorrarían gastos en papelería, personal, sistemas computacionales e incluso, entre otros aspectos, podría incentivar la participación de las y los jóvenes que son quienes menos votan.
- Es necesario que para un auténtico esquema de transparencia y rendición de cuentas se fortalezca la fiscalización que lleva a cabo el INE, con la única finalidad de que los recursos sean lícitos, evitar la injerencia del crimen organizado y contar con un auténtico sistema de rendición de cuentas.
En el marco de la eventual reforma electoral, estos son algunos de los temas que vale la pena retomar y que no están claramente establecidos en nuestra legislación y constituyen una de las principales actividades que las y los consejeros electorales realizamos, con la certeza de que fortalecemos nuestra democracia para bien de nuestra población.
Consejera Electoral del INE