La facilidad con la que aprovechamos internet a través de dispositivos móviles ha cambiado nuestro modo de vida. La conexión simultánea que permiten las redes sociales, la comodidad que dan las aplicaciones para realizar, entre otros, trámites y pagos ha generado que se deje de prestar atención al tratamiento que se les da a los datos personales. Se pierde de vista el procesamiento que realizan los sistemas de tratamiento, dejando incertidumbre sobre ¿qué tan seguras y privadas son nuestras interacciones digitales?
Este cuestionamiento adquiere una relevancia particular cuando hay que identificar qué instituciones pueden ayudar a las personas titulares a prevenir un tratamiento indebido y con ello proteger sus derechos en todo momento. Con la reciente reforma de simplificación administrativa se abre la puerta a la incertidumbre, porque extingue organismos autónomos clave en ese objetivo, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que durante más de dos décadas ha garantizado dos derechos esenciales: la privacidad y el acceso a la información pública.
Esta reforma que dispone que las funciones del INAI sean transferidas a nuevas estructuras gubernamentales representa un cambio que, además de implicar retos significativos, abre la posibilidad de replantear y actualizar conceptos ya establecidos como la protección de datos personales y nuevas oportunidades para temas emergentes como la gobernanza de los datos personales en México.
El primer desafío que surge en este contexto es el de cómo proteger los datos personales en un ecosistema global interconectado de servicios públicos y economías digitales. Las compras en línea, las plataformas de entretenimiento y los servicios en la nube implican que nuestra información viaje entre países con regulaciones diversas, y esto da pauta a escenarios que pueden dejar sin garantía el derecho que tenemos todas y todos a proteger nuestra información personal y privacidad.
En ese sentido, será fundamental brindar certeza a la sociedad sobre qué institución será la encargada de atender estas tareas, y los procesos que deberán seguir para protegerlo. México no puede quedar rezagado ante la regulación de estándares internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR, por sus siglas en inglés) o las normativas de regiones con las que mantenemos un alto intercambio de información, como Estados Unidos y América Latina.
El desconocimiento sobre los cambios que tendrá el marco normativo, no solo podría afectar a la ciudadanía sino también a empresas que dependen de la confianza de los consumidores para operar en el entorno global. El avance de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el cómputo en la nube y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ha revolucionado la forma en que se analizan y procesan los datos, incluidos los personales. No hay que perder de vista que, si bien, estás herramientas pueden optimizar servicios, también representan riesgos considerables si no son reguladas adecuadamente.
En esa reestructura institucional, se requiere desarrollar un marco normativo robusto que considere el contexto internacional y promueva la adopción de estándares globales para proteger a la sociedad y fortalecer la posición de México como un destino atractivo para inversiones tecnológicas, con un nuevo enfoque que incluya temas como el de la gobernanza, basado en tres pilares fundamentales: ética, innovación tecnológica y controles colaborativos.
Además, de ste modelo debe asignar responsabilidades claras a quienes gestionan los datos y construir un ecosistema confiable, adaptado a los desafíos de la era digital para convertirlos en oportunidades de innovación y desarrollo. Por ejemplo, diseñar estructuras colegiadas, compuestas por expertos en derecho, tecnología y políticas públicas, para coordinar las acciones de protección de datos y supervisar su implementación. También, fortalecer el marco normativo de regulación de los datos personales en posesión de particulares y crear incentivos a empresas que adopten los más altos estándares en la materia, como beneficios fiscales y una mejor reputación; y fomentar una educación digital con campañas de concienciación para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en la protección de ese derecho fundamental.
Estoy convencida de que la protección de datos personales es un derecho humano que garantiza nuestra privacidad y dignidad. El cambio administrativo que vive México debe ser el detonador que impulse un modelo de gobernanza más actual y robusto, en el que gobierno, empresas y sociedad trabajemos juntos para construir un ecosistema digital ético, transparente e inclusivo, en el que se respete nuestra esfera más íntima.
@bl_ibarra
