Por Luis Pereda
La reforma judicial se aprobó en medio de prisas y mentiras. Se impuso desoyendo las preocupaciones de expertos nacionales e internacionales, violando derechos humanos y destruyendo garantías judiciales que tardaron décadas en ser construidas. Hoy su propósito es desgarradoramente claro: debilitar la capacidad del Estado mexicano para impartir justicia, y con ello darle más poder a los poderosos. Por eso el próximo domingo 1 de junio será un día triste.
El 1 de junio habrá una jornada de simulación (no de votación) dolorosa para centenares de jueces y magistrados que fueron obligados a participar en una farsa para intentar conservar su empleo, su vocación, su proyecto de vida. También será un día que marcará a los estudiantes de derecho el inicio de una distopía entre lo aprendido en clases y lo vivido en los juzgados. Pero, sobre todo, será un día amargo para todo mexicano que alguna vez necesite de un juez imparcial y profesional, porque a partir de ahora ese servicio público será un bien aún más escaso.
El próximo domingo simbolizará la oportunidad perdida. La oportunidad para detonar una reforma al poder judicial basada en diagnósticos, no en prejuicios; una reforma útil a la sociedad y a su aspiración de justicia, ejecutada con método y no a partir de improvisaciones. En lugar de un parteaguas entre pasado neoliberal y futuro democrático, México recibió de sus políticos un fetiche al que se le atribuyen beneficios milagrosos. Y como todos los productos de su género, terminará por revelarse como una estafa.
Hoy vemos la destrucción de una institución que, con todas sus falencias y defectos, servía para limitar los abusos del poder político que disminuían los derechos de las personas. Hoy tenemos una obra teatral que nos cuesta, literalmente, miles de millones de pesos. Dinero que brilla por su ausencia en áreas como educación y salud.
La repentina multiplicación de acordeones para “facilitarle” la elección a los votantes revela varios aspectos alarmantes. Que la ausencia de autoridad capaz de evitar o sancionar los delitos electorales es total. Que para algunos candidatos a juez, magistrado o ministro ganar es lo único que importa, incluso si eso significa violar la ley que después deberán de aplicar. Que entender las boletas electorales efectivamente es muy complicado, incluso con instrucciones. Que solo hay dos tipos de candidatos, los que nunca tuvieron oportunidad de ganar y los que siempre supieron que iban a ganar.
La existencia de un Tribunal a cargo de la “disciplina” judicial para evaluar el desempeño de las personas electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio no hace más que anticipar el sello de la casa. Juicio que sea importante, ya sea por monto, materia o actores, deberá de ser consultado antes de ser resuelto. Desde la lógica de la reforma judicial esto hace todo el sentido del mundo. Porque, si se quisiera contar con jueces independientes, ¿para qué destruir la carrera judicial?
Entre las repercusiones del domingo vendrá el inevitable descrédito del INE. ¿Se imagina cómo será el INE del 2027? ¿Más confiable? ¿Más autónomo? ¿Más profesional? ¿O todo lo contrario? Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, en ese sentido ¿qué decidirá hacer con el INE el omnipotente, y prepotente, poder político? ¿Regresaremos a una Comisión Federal Electoral perteneciente a la SEGOB? (Antes de que conteste “no”, recuerde lo que ocurrió recientemente con la Comisión Reguladora de Energía y al INAI)
México es el único país del planeta que elegirá a sus jueces federales y locales a través del voto popular, ¿de verdad ese dato no dice algo? ¿De verdad es más sencillo creer que en un país con elevados niveles de corrupción, crimen organizado, pobreza, desapariciones, asesinato de periodistas, contaminación, discriminación, inseguridad e impunidad, un presidente que estaba a unos meses de terminar su mandato, le dio al clavo y descubrió la fórmula mágica para acabar con la injusticia?
Por cierto, ese mismo presidente es el que también decidió desaparecer el FONDEN (tan necesario para la reconstrucción de Acapulco), creó el hoy extinto INSABI (consumiendo el dinero de las personas que había en el Seguro Popular) y convirtió a las fuerzas armadas en empresarios constructores, operadores de atracciones turísticas y administradores de aeropuertos y aduanas (desplazando espacios destinados a servidores públicos civiles).
Por eso yo no voy a ir a votar, ¿y usted?
Miembro del consejo directivo de la BMA.
