Por Mario Uribe Olvera
La vorágine suscitada con motivo de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República opacó la publicación y entrada en vigor de la ley general contra la extorsión.
Esta ley, diseñada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y que sufrió cambios en el Senado de la República que, finalmente, fueron aceptados por los diputados, resulta ser una pieza que el gobierno federal considera clave para combatir uno de los delitos que más agravian a la sociedad mexicana: la extorsión.
Hasta hace poco tiempo, a cada entidad federativa le correspondía definir qué se entendía por extorsión y fijar las penas que correspondiera a quienes cometieran ese delito, hoy estas son facultades del Congreso de la Unión quien, además, define en qué casos le corresponde a la Federación investigar y perseguir este delito; y cómo deben de coordinarse las diferentes autoridades para prevenir y combatir este ilícito.
En primer lugar, destaca que la extorsión, que antes era considerada un delito contra el patrimonio, hoy es un delito que atenta, principalmente, contra la tranquilidad de las personas. Esto es un cambio significativo porque ahora, ya no es necesario demostrar que un extorsionador obtuvo un beneficio económico al obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, sino que bastará demostrar que al hacerlo obtuvo cualquier beneficio para sí o para otro, causó un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
Por otro lado, también resalta que la pena para este delito es significativamente alta. Para el caso de la extorsión “simple”, se prevé una pena de prisión que va de 15 a 25 años. Para hacer una comparación tómese en cuenta que, para el delito de homicidio, en la Ciudad de México, se prevé una pena de prisión que va de 8 a 20 años.
Sin embargo, el tema no para ahí. La ley general prevé muchas circunstancias donde la pena se agrava dando como resultado casos en los que la pena irá de 31 a 62 años de prisión. Sobra decir que la experiencia ha demostrado que establecer penas muy altas en nada sirve para reducir la incidencia de delitos graves.
Por otro lado, la ley general prevé que las personas sentenciadas por este delito no puedan tener derecho a ninguna medida que les permita reducir su condena.
Dentro de las cuestiones positivas, la ley obliga a las Fiscalías y las policías a coordinarse en la investigación y prevención de este delito, a suspender la operación de teléfonos celulares utilizados para la comisión de estos delitos y el otorgamiento de medidas de protección para las víctimas.
Pese a todo esto, la primera pregunta que hay que hacerse en relación con este tema es si para combatir la extorsión hacía falta una nueva ley. A mi juicio no. Los casos de Texcaltitlán, Minerva Pérez y Carlos Manzo demuestran que las autoridades, como ocurre en muchos de los casos, estaban al tanto de las extorsiones y fueron incapaces de hacerlas cesar o detener a los responsables. Entonces, el problema radica en la ineficacia de las Fiscalías para investigar estos casos con rapidez y la incapacidad de las instituciones de seguridad pública para prevenir la comisión de este delito.
Si bien esta ley puede ser útil para combatir este delito, mientras las autoridades no hagan su trabajo diligentemente y con eficacia, la extorsión seguirá siendo un flagelo para millones de mexicanos.
Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.