Desde el pasado viernes en el gobierno Federal se prendieron alertas con la posición que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Además, se dejaba entrever una presunta práctica sistemática en México para desaparecer personas, por lo que la Secretaría de Gobernación y la Cancillería rechazaron declaraciones de integrantes del Comité sobre la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, se posicionó en el tema y respaldó al gobierno Federal y sostuvo que el l Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: “está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”.
Además, anunció que a partir del próximo 15 de abril, abrirá una nueva oficina regional en Jalisco con el propósito de atender las peticiones ciudadanas en esa ciudad relacionadas con las violaciones de los derechos humanos y las desapariciones.
Algunos activistas y defensores de derechos humanos nos dicen que observan un oportunismo de la CNDH, quien un mes después de que colectivos de madres buscadoras denunciaron el hallazgo de un campo de adiestramiento del crimen en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco (5 de marzo), hasta ahora establezcan una oficina regional en la zona.
En todo este mes, nos hacen ver, la CNDH sólo emitió una posición sobre este caso el 21 de marzo pasado donde llamó a garantizar la integridad de las buscadoras e investigar el caso Teuchitlán.