El nuevo Poder Judicial ya es una realidad y ahora comienza la verdadera prueba: enfrentar las consecuencias de un cambio que redefine el equilibrio institucional del país. Lo que no queda claro es si ese delicado equilibrio se va a sostener o se va a derrumbar.
De entrada, jueces, magistrados y ministros tendrán que demostrar, día tras día, que no son aquello que Andrés Manuel López Obrador tantas veces acusó: “conservadores disfrazados”, “defensores de privilegios”, “políticos con toga” o “mafia del poder”.
¿Contrapeso o comparsa? ¿Contrapeso como marca la Constitución o comparsa como marca su currículum partidista? La preocupación es legítima, pues la nueva Suprema Corte quedó conformada con una mayoría claramente afín a Morena.
Cuatro ministras —Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y María Estela Ríos— tienen vínculos directos con el partido y con el expresidente López Obrador. Hugo Aguilar, presidente de la Corte, aunque con un perfil social e indígena destacado, también llega de la reserva de funcionarios del oficialismo. Los demás —Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías— tampoco escapan a esa lógica: todos accedieron a sus cargos con el impulso y respaldo del partido gobernante. Son beneficiarios directos de los “acordeones”.
Morena controla el Poder Ejecutivo, el Congreso y, ahora, la Corte. Tres poderes que antes representaban equilibrios hoy parecen fundirse bajo una sola visión: la de la llamada Cuarta Transformación.
El Poder Judicial tiene en sus manos la defensa de las libertades ciudadanas, la protección de los derechos humanos, la prevención de los abusos de poder y, con ello, la responsabilidad de marcar el camino que todos recorreremos en los próximos años, para bien o para mal.
La pregunta es inevitable: ¿qué elegirán ministras y ministros: la obediencia al poder o la autonomía que exige la Constitución? Los próximos meses dirán si la Corte opta por la sumisión de ser comparsa del gobierno o por la valentía de convertirse en contrapeso, tal como ocurrió en el sexenio anterior con los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, quienes fueron propuestos por AMLO, pero terminaron actuando con una imparcialidad tan incómoda para el exmandatario, que terminó acusándolos de traidores.
Lo que está en juego no es un pleito de élites: es la posibilidad de que todavía exista alguien que diga no a los atropellos cuando el poder les ordena que digan sí.
Si su carrera depende de ganar unas elecciones y no del sentido de justicia en sus decisiones, ¿a quién le rendirán cuenta los nuevos jueces? ¿A la Constitución o a los que les ayuden en las urnas?
Lo que pase durante los próximos dos años, tal vez nos brinde un esbozo de lo que nos espera para la elección judicial de 2027, donde serán votados cerca de 850 magistrados y jueces de Circuito.
@azucenau