La libertad de expresión es un derecho constitucional… que hoy se ejerce con miedo. Está garantizada en el papel, pero traicionada en los hechos, por lo que ejercerla es ya un acto de alto riesgo.
Decimos que somos un país libre, pero vivimos bajo una lógica perversa: la crítica incomoda a los poderosos, y para ellos quien incomoda, estorba. Por eso se le expone, se le desacredita, se le espía. A veces, se le elimina. Y aun así, el discurso oficial insiste en que “nunca se había respetado tanto la libertad de expresión”.
La censura ya no siempre se ejerce con balas; ahora se hace con narrativas: con campañas de desprestigio, linchamientos digitales, auditorías selectivas o asfixia presupuestal. La libertad de expresión en México no está garantizada, está en resistencia. Es defendida todos los días por reporteros que siguen saliendo a las calles, por medios que se niegan a convertirse en voceros y por organizaciones que documentan lo que el Estado no quiere ver.
La censura en los regímenes autoritarios es predecible: se prohíbe, se sanciona, se borra. Pero en las democracias deterioradas la censura es más sutil, más cobarde y, por eso, más peligrosa. Basta con exhibir, castigar o desaparecer a quien incomoda al poder para que los demás entiendan el mensaje.
La censura funciona por escarmiento, pero su mayor triunfo no es silenciar a una voz, sino provocar que miles más “elijan” callar. Entonces hablamos de autocensura: una epidemia silenciosa que se propaga cada vez que una voz es acallada, una cuenta crítica en redes sociales es atacada, o un creador de contenido se “modera” para evitar represalias.
Aquí unos ejemplos recientes:
• Karla María Estrella: Ciudadana de Hermosillo, Sonora. Sancionada porque señaló que la hoy diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, fue impuesta como candidata a su diputación por un “berrinche” de su esposo, el morenista y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
• Miguel Alfonso Meza: Presidente de la organización Defensorxs. Reveló las 36 denuncias de acoso en contra de Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia y candidato a juez laboral en Ciudad de México, quien en respuesta denunció a Meza ante el INE por violencia política… ¡de género!
• Héctor de Mauleón: La autoridad electoral en Tamaulipas ordenó que retirara su columna —y prohibió cualquier futura publicación— sobre Tania Contreras López, exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y excandidata a magistrada. Ella lo demandó y acusó de difamador, luego de que el periodista revelara que su cuñado, Juan Carlos Madero Larios, encabezaba una red de huachicol detectada por la Defensa.
• Laisha Wilkins: Ciudadana, actriz y conductora. El TEPJF pretende sancionarla con una multa por replicar una nota en la que apodaban como “Dora la censuradora” a la excandidata a ministra de la Corte, Dora Alicia Martínez.
• Ley de Ciberseguridad en Puebla: Se creó el delito de ciberasedio, que contempla cárcel para quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a una persona a través de cualquier plataforma digital.
El resultado de todo esto es devastador, pues cuando hablar se castiga y callar se premia, la libertad deja de ser un derecho… y se convierte en un riesgo.
@azucenau
