Por Carlos Corral Serrano
La Ciudad de México vive hoy un gran retroceso institucional en materia de desarrollo urbano. La otrora Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), ahora renombrada como Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Coordinación Metropolitana, no solo cambió de nombre: se ha convertido en el principal cuello de botella para el crecimiento ordenado de la capital.
En un momento económico donde urge reactivar la inversión y generar vivienda asequible, esta dependencia —hoy encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez— impone procesos complejos, extensos e ineficientes que hacen inviable cualquier proyecto urbano, desde la simple remodelación de un edificio hasta desarrollos integrales de vivienda o usos mixtos.
Un caso concreto: obtener un permiso para remodelar un edificio de departamentos en la colonia Condesa —sin ampliar, sin modificar estructura, sin cambiar el uso de suelo— puede tomar más de un año. Se trata de trámites para pintura, cambio de tuberías, cableado o ventanas. Nada más. Sin embargo, la burocracia lo convierte en una odisea.
Los trámites se enfrentan a formatos excesivamente complejos y contradictorios, con listados de requisitos que rara vez coinciden con lo que se exige en la práctica. Aun cumpliendo con lo requerido, es común que la Secretaría emita una “prevención”, es decir, una solicitud de documentación adicional —frecuentemente originales o certificados por la propia Secretaría— que no estaban contemplados en el trámite inicial. Esto, más que una revisión técnica rigurosa, parece haberse convertido en una táctica sistemática para extender los plazos de respuesta, que de por sí ya son oficialmente largos: 20, 30 o hasta 40 días hábiles, mismos que casi nunca se respetan.
Las respuestas suelen llegar semanas o meses después del tiempo establecido por ley, y muchas veces reinician el proceso desde cero. La coordinación entre áreas es prácticamente inexistente: Alcaldías, oficinas centrales y, en ocasiones, hasta el Congreso local participan en decisiones administrativas sin diálogo ni integración efectiva. En resumen, el sistema está diseñado para no avanzar.
Sin personal, sin tecnología, sin resultados
Este colapso operativo tiene causas estructurales. La Secretaría carece del personal suficiente para responder con eficacia al volumen de trámites que recibe. Peor aún: muchos de los trabajadores no cuentan con la capacitación técnica adecuada, y el equipo informático con el que operan es obsoleto. No existe una plataforma digital unificada ni mecanismos de trazabilidad para los expedientes; todo depende de procesos manuales, lentos y sujetos al criterio de cada área.
Con este nivel de rezago institucional, la Secretaría simplemente no tiene capacidad para garantizar que los trámites se resuelvan en tiempo ni forma. La consecuencia es devastadora: se rompen los esquemas de financiamiento, se encarecen los proyectos de vivienda y se ahuyenta la inversión, afectando directamente la posibilidad de regenerar zonas urbanas estratégicas, diversificar la oferta habitacional o activar desarrollos que generan empleo y bienestar.
Reingeniería o colapso institucional
Urge una reingeniería profunda de procesos, pero, sobre todo, una renovación del equipo humano y técnico de la Secretaría. Se necesita más personal, mejor capacitado, con sistemas modernos y suficientes herramientas para reducir los tiempos de respuesta a la mitad. Solo así se podrá garantizar una administración eficiente, transparente y acorde con la dimensión de la capital del país.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tiene en sus manos una decisión histórica: transformar de raíz la operación de esta dependencia clave. Y el liderazgo del titular de la Secretaría, Alejandro Encinas Rodríguez, puede marcar la diferencia. Su experiencia, visión metropolitana y voluntad política lo colocan en una posición privilegiada para convocar a urbanistas, expertos técnicos y actores del sector a construir soluciones claras y operativas.
Si se articula un verdadero espacio de diálogo técnico y político, donde la participación ciudadana y el conocimiento especializado estén al centro, se puede dar el giro que la ciudad necesita. Invertir en la Secretaría no es un gasto: es una decisión estratégica para detonar el desarrollo urbano justo, ordenado y sostenible que millones de capitalinos esperan desde hace años.
La Ciudad de México no puede seguir siendo rehén de su propia burocracia. Es momento de liberar su potencial y construir una ciudad que funcione para todos.
Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC
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