T-MEC: una década en suspenso

El pasado 1 de julio, el gobierno de Estados Unidos decidió no extender el TMEC por otros 16 años. El tratado continúa vigente, pero la decisión activa un ciclo de revisiones anuales que podría prolongarse durante la próxima década. Para la industria automotriz, acostumbrada a inversiones multimillonarias y horizontes de planeación de diez o más años, el mensaje es profundamente incómodo ya que las reglas seguirán existiendo, pero su permanencia ya no puede darse por sentada.

La consecuencia inmediata será la parálisis de algunas decisiones: ¿conviene ampliar una planta en México?, ¿es mejor trasladar producción a Estados Unidos?, ¿debe firmarse un contrato de suministro por cinco años cuando los requisitos de contenido regional podrían modificarse el próximo año? La incertidumbre tendrá inevitablemente sus costos: inversiones pospuestas, proyectos congelados, capital destinado a mantener alternativas abiertas.

Este entorno coincide con una investigación que estamos realizando en IPADE con más de 50 ejecutivos de distintos clústeres automotrices del país. Los resultados son todavía preliminares, pero muestran una industria dividida. Ante la pregunta de qué ocurrirá con los aranceles estadounidenses, 44% de los participantes considera probable alguna disminución, 36% anticipa un aumento y 20% espera que permanezcan sin cambio. No existe, por tanto, una expectativa dominante. Cada empresa parece estar leyendo una realidad distinta, posiblemente por diferencias en exposición, preparación, posición dentro de la cadena y capacidad de negociación.

Para complicar aún más las cosas, en los próximos días expirará el arancel global temporal de al menos 10% impuesto por Estados Unidos, mientras la administración evalúa reemplazarlo con gravámenes específicos por país. Al momento de escribir este artículo, el gobierno estadounidense aún no ha tomado tal decisión. Sin embargo, fabricantes y proveedores deben prepararse desde ahora para escenarios que podrían alterar costos, precios, volúmenes y localización productiva.

En el caso de México, tendremos que estar muy atentos a la investigación iniciada por Washington bajo la Sección 301 sobre la llamada “capacidad estructural excedente”. Washington busca determinar si países como China, Japón, Corea del Sur, integrantes de la Unión Europea y México cuentan con una capacidad manufacturera superior a la que sus propios mercados pueden absorber, lo que podría facilitar exportaciones a precios artificialmente bajos. En el caso mexicano, el resultado ya lo podemos anticipar pues el país fabrica muchos más vehículos de los que demanda su mercado interno y depende de las exportaciones, especialmente hacia Estados Unidos.

El problema es que esa característica, que durante décadas fue una ventaja del modelo exportador mexicano, podría utilizarse ahora como argumento para imponer nuevas barreras. Un hallazgo adverso podría traducirse en aranceles adicionales, menor utilización de plantas, relocalización de procesos y presión para trasladar a Estados Unidos componentes de mayor valor agregado. México correría entonces el riesgo de conservar actividades intensivas en mano de obra, pero perder ingeniería, motores, transmisiones, electrónica y futuras inversiones.

La incertidumbre total no significa que las empresas deban permanecer inmóviles. Significa que deberán operar con mayor flexibilidad, diseñar cadenas de suministro alternativas, renegociar contratos y reducir la dependencia de un solo mercado. Nuestro estudio también muestra una intención elevada de adoptar nuevas tecnologías, independientemente de que los aranceles suban o bajen. Esa puede ser la señal más alentadora. Ante reglas cambiantes, la mejor defensa será innovar, elevar la productividad y diversificar fuentes de ingresos. La incertidumbre no desaparecerá pronto; la capacidad para adaptarse será, más que nunca, la principal ventaja competitiva.

* Profesor del IPADE Business School.

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