Daniela Carrasco Berge
En estos meses en que hasta el calendario escolar lo definimos por el Mundial, todo se reduce al juego.
Me pregunto cómo sabrá un gol de Chequia en los últimos cinco minutos del tiempo extra. Nos agarraron cansados, caray. ¿Y si el árbitro decidió no atender la llamada del VAR? ¿Y si, además, el balón cruzó la línea de la portería justo cuando empezó el terremoto que ese día sacudiría hasta el último ajolote de esta morada ciudad? Me sabría a trampa. Aunque el balón haya cruzado la línea, el contexto importa: eso no sería gol.
El Universal Responde
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El 2 de junio se publicaron dos reformas constitucionales aprobadas a toda prisa y que tocan lo más profundo de nuestro devenir democrático. El contenido ya lo conocemos: por un lado, la posible anulación de una elección por “intervención o injerencia” extranjera (art. 41, fracción VI). Por otro, los magistrados de la Sala Superior —encargada de dirimir impugnaciones y declarar la validez en elecciones federales— podrán competir en la boleta y, en caso de éxito, permanecer hasta 17 años en el cargo (art. cuarto transitorio del Decreto en materia de reforma al Poder Judicial).
El combo no podía ser más explosivo. No hace falta diseccionarlo de más: se abre la posibilidad de anular cualquier elección, con una causal amplia desde la Constitución, aplicada por autoridades “imparciales”, “independientes” y “legitimadas” por el voto popular que, podría suponer, algo de gratitud tendrán hacia el régimen en turno que, mientras remueve a la totalidad del Poder Judicial, les gratifica con una serie de extensiones en el encargo.
Es cierto que las violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material, pero probar una “intervención” —¿física, económica, discursiva?— resulta mucho más discrecional que acreditar, por ejemplo, la compra ilícita de tiempos en radio y televisión o un exceso de gasto de campaña. Además del cheque en blanco para definir validez electoral, la institución que lo ejecute puede convertirse en perpetua. Los magistrados de la Sala Superior podrán contender en 2028 para quedarse hasta 2033. Un regalo institucional.
En ese grupo están, primero, el cuarteto que validó la sobrerrepresentación actual de Morena, Verde y PT en el Congreso; y, segundo, los magistrados electos en 2025, quienes ahora tienen opción de reelección —una posibilidad negada al resto de las y los representantes públicos.
La mezcla es, por sí sola, brutal y regresiva. Es un golazo (¿o autogolazo?).
¿En qué condiciones ocurre? El balón cruzó la línea cuando el equipo estaba en el suelo. La sociedad está agotada. Adeptos y críticos, todos. El recuento ya suena ensordecedor: hemos visto desfilar planes A, B, C, D y E; reformas y contrarreformas; y, tras mil tropiezos, la versión “descafeinada” de abril de 2026. Y eso sin contar el resto de las transformaciones constitucionales en curso.
El llamado del VAR está bloqueado: desde la reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024 se eliminó la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. No hay acción, controversia ni amparo que puedan frenar estos cambios. Cada vez hay y habrá menos observadores organizados por el ataque sistemático que sufren la ONGs, los medios de comunicación y las activistas.
El terremoto, ni cómo describirlo: un plano geopolítico en efervescencia, mientras marchas multitudinarias son convocadas por la Presidencia en un intento de suavizar la presión de Estados Unidos sobre el narcotráfico.
Aun reduciendo a un juego lo irreductible, así no se juega.
Académica del Departamento de Derecho. Universidad Iberoamericana CDMX.
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