Por MARTHA TAGLE MARTÍNEZ
El 5 de febrero se conmemora el 109 aniversario de la Constitución de 1917 como el gran pacto que dio forma al Estado mexicano moderno. Las constituciones son acuerdos que definen quién cuenta, quién decide y bajo qué reglas se distribuye el poder. Las mujeres no fuimos consideradas parte de ese pacto como ciudadanas plenas. La Constitución nació con un déficit democrático de origen: la mitad de la población quedó fuera de la definición efectiva de ciudadanía.
No se trató solo de derechos políticos. Al no ser reconocidas como ciudadanas, todos los derechos de las mujeres han tenido que conquistarse uno por uno, antes y después de 1917, mediante luchas sociales, reformas legales y cambios institucionales. Mientras el texto constitucional avanzaba en derechos sociales para campesinos y trabajadores, las mujeres seguían sujetas a un orden legal que las subordinaba en lo civil, lo familiar, lo laboral y lo político.
Paradójicamente, las mujeres ya estaban discutiendo democracia antes de la Constitución. En 1916, los Congresos Feministas de Yucatán debatieron educación, derechos civiles, participación política y autonomía, e identificaron con claridad que la desigualdad no era natural, sino legal e institucional.
Desde entonces, el avance ha sido una suma de batallas. El derecho al voto se reconoció hasta 1953; la igualdad jurídica entre mujeres y hombres se incorporó a la Constitución en 1974; la reforma de derechos humanos de 2011 fortaleció la exigibilidad y la prohibición de discriminación; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007, nombró por primera vez la violencia como un problema de Estado; la paridad en candidaturas se volvió obligatoria en 2014 y se amplió a la “paridad en todo” en 2019. Ninguno de estos avances fue automático ni concesión generosa: todos fueron producto de presión social y organización feminista.
Este recorrido deja una lección clara: la igualdad no se incorpora por inercia; se construye deliberadamente. Por eso, el aniversario constitucional nos plantea una pregunta política de fondo: ¿qué tipo de pacto estamos renovando hoy y si ese pacto garantiza igualdad en la vida cotidiana?
En ese marco llegan las reformas sobre igualdad sustantiva publicadas en enero de 2026. Son relevantes porque actualizan el lenguaje legal y reordenan atribuciones, pero siguen siendo insuficientes para transformar la realidad de las mujeres de a pie. La igualdad sustantiva no se logra solo con enunciados: requiere políticas públicas coherentes, presupuestos suficientes, coordinación interinstitucional y evaluación. Además, concentrar la atención de las violencias en una sola dependencia, como la Secretaría de las Mujeres, corre el riesgo de diluir la corresponsabilidad del resto del Estado frente a un problema estructural y multifactorial.
A más de un siglo de la Constitución de 1917, el desafío no es menor: convertir un pacto que nos excluyó en uno que nos incluya plenamente. Porque sin mujeres como ciudadanas con derechos efectivos en seguridad, autonomía económica, tiempo, cuidados y participación, no hay Constitución que alcance ni democracia que se sostenga.
Política feminista