Por: Claudia Valle Aguilasocho
Cómo confiar en la justicia, si de lo que más conocemos como sociedad es de casos en los cuales quien busca obtener una sentencia que le permita recuperar su libertad, un bien o ejercer un derecho, no la obtiene.
Las personas juzgadoras con vocación de servicio, que las hay, tenemos el compromiso de ser conducto eficiente para que quien acude ante nosotros pueda recuperar lo que es suyo por derecho.
En muchísimas ocasiones lo que impide alcanzar ese propósito, es la integración deficitaria del expediente, derivada de la omisión de una investigación correcta o, en otro más, carecer de una defensa adecuada.
Ambas nos hablan de deficiencias orgánicas del sistema que ameritan ser atendidas para lograr un cambio de fondo y hacer alcanzable un propósito común: que la justicia llegue a la vida de las personas.
Si Usted y yo coincidimos en que la justicia es un valor que se construye a partir de la actuación de los principales intervinientes del sistema, deberemos juntos hacer una reflexión central: necesitamos perfiles de excelencia en los jueces, sí, sin duda alguna, pero también necesitamos algo más con lo que hoy no contamos, dotarlos de la potestad de corrección de la actuación deficiente de las fiscalías. Al juez en México, nunca se le ha revestido del poder de ser corrector del proceder imperfecto del ministerio público.
Si previo a la negativa de una orden de aprehensión o al dictado de un auto de no vinculación, el juez observa notoria negligencia o falta de pericia en la integración de las carpetas de investigación, sería lo correcto, que al ser la persecución de los delitos una cuestión de orden público, tuviera la potestad de dictar una resolución que ordene el perfeccionamiento de la indagatoria y que una vez desahogada, la fiscalía pidiera nuevamente el mandato de detención o de vinculación a proceso.
Si esa competencia se otorgara a las personas que imparten justicia penal, la impunidad por causas derivadas de una investigación deficiente, estoy cierta, se reduciría al mínimo.
Veamos lo que ocurre en materia familiar: la sensibilidad y la pericia en la tutela del interés superior de la infancia y la niñez, conforme a las estadísticas de satisfacción con la justicia en esta área del derecho, revela que se requiere de un sistema de protección reforzado, y especial atención en las medidas de resguardo que se toman en el desarrollo de esos juicios.
El espacio para mejorar la justicia del orden familiar, hay que decirlo, está en manos de quienes actúan en ella, en particular, de las procuradurías de defensa de menores y de las personas juzgadoras.
Escenarios como los que describo, conducen a plantear nuevos paradigmas sobre lo que es propio del juzgador en la búsqueda de construir un mejor sistema de justicia que sirva realmente a las personas. En ese camino identifico tres retos concretos.
El primer desafío para una justicia humana y con sentido social, es reescribir la jurisprudencia -que es la vía de interpretación de la ley-, para dejar atrás formalismos y exigencias que limitan el acceso a un juez. El segundo, es diseñar herramientas correctivas de actuaciones deficitarias en la procuración de justicia. El tercero, lleva a fortalecer y profesionalizar la defensa pública gratuita a la que tienen derecho quienes no puede solventar un defensor privado.
La defensoría está contemplada en la reforma judicial vigente, en tanto que las fiscalías y el rol del juez ante su actuación, constituyen, desde mi perspectiva, una gran oportunidad para mejorar sustancialmente el sistema de justicia. Las y los mexicanos podemos construir vías eficaces para restar a la impunidad que tanto lastima, esa finalidad tiene esta propuesta.
Magistrada Presidenta
Sala Regional Monterrey del TEPJF
@CVAguilasocho
