“Un hombre que quiere ser bueno entre muchos que no lo son, terminará arruinado.”
Nicolás Maquiavelo
“Así es la política”, se ha vuelto un lugar común. La más fácil y común frase que maquilla la resignación social, que esconde una verdad, tan normalizada como lapidante: en México se ha vuelto costumbre la mala política y los abusos de poder.
La reforma constitucional en materia judicial ha sido el escenario perfecto para poner al descubierto las prácticas nocivas de las autoridades gubernamentales en los procesos electorales. La línea que divide a los partidos políticos del Estado cada vez se diluye más.
Decidí participar en la elección judicial, a pesar de no creer en la forma en la que se decidió integrar al Poder Judicial de la Federación, porque creo en la defensa activa de los valores republicanos y en la necesidad de contar con una judicatura independiente, integrada por perfiles que no se deban a los poderes políticos, económicos, ni fácticos.
Las reglas establecidas por el Poder Reformador de la Constitución fueron claras y expresas: los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podían realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.[1] No se trata de un reglamento o de una ley, sino de la norma fundamental. Por encima de ella, ¿nada?
Los hechos demuestran lo contrario, desde aproximadamente tres semanas previas a la jornada electoral, los acordeones distribuidos por el Estado y por partidos políticos ya circulaban masivamente a lo largo y ancho del país. Documentos con distintos diseños y formas, pero con nombres y números en común.
En ese contexto, el día de la jornada electoral fui a la alcaldía Venustiano Carranza, una de las demarcaciones en las que me tocó participar como candidato a magistrado de circuito. No necesité avanzar mucho para encontrar a dos personas repartiendo acordeones a escasos 5 metros de la entrada principal de una de las casillas de votación. No se trataba de dos personas cualquiera, sino de servidoras públicas en activo (una de ellas trabaja para la Dirección de Participación Ciudadana de la alcaldía, la otra en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México) que abordaban a las personas que acudían a la casilla y les entregaban los listados de los candidatos por los que les pedían votar. La desfachatez y el cinismo de la participación estatal en el marco de una elección supuestamente libre y sin injerencias partidistas, preocupa. La denuncia que presenté por los hechos que describo sigue su curso en la FEPADE.
Para sorpresa de nadie, los números contenidos en los acordeones fueron los que arrasaron en las votaciones (salvo contadas excepciones). A las personas electas les deseo independencia y autonomía, sensibilidad social y democrática. Tengo la fortuna de conocer a perfiles que estoy seguro estarán a la altura del cargo; cargo que, por cierto, demanda honorabilidad.
Consumatum est. El primero de septiembre de dos mil veinticinco iniciará una nueva época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Poder Judicial de la Federación, pero nada habrá cambiado en nuestro sistema político. Al fin y al cabo, “así es la política”.
El daño no es menor, impacta frontal y abruptamente en la confianza ciudadana hacia la democracia. La baja participación en la elección judicial es el más claro reflejo del problema. Los actores políticos no deben perder de vista que la confianza es la materia prima de la democracia y del Estado mismo, como la fe lo es a la religión.
Yuval Noah Harari lo explica de manera magistral en Sapiens, la democracia es una creencia compartida. Si el Estado no se avoca de manera urgente a recuperar la confianza de las personas, México entrará en una crisis democrática sin retorno y ésta sólo se recupera si las acciones nocivas como las que evidenció la reforma judicial, dejan de ser practicadas con total impunidad.
Abogado
[1]Así lo dispuso el artículo 96, fracción IV, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.
