Por Ester Serra Mingot
A mediados de 2024, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo alcanzó un récord de 122.6 millones, según ACNUR. Entre ellas, millones requieren protección internacional tras huir de guerras, persecuciones, violencia o crisis humanitarias. Pero hay quienes enfrentan desafíos aún más profundos: las personas LGBTIQ+ desplazadas, que, además de vivir el exilio, cargan con la exclusión por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Características para las cuales la discriminación y la violencia no conocen fronteras.
México se ha convertido en punto clave de destino y refugio para miles de personas de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia, que no lograron cruzar a Estados Unidos por el endurecimiento de su política migratoria. También es país de origen de miles de personas desplazadas internas que huyen de violencia, desapariciones o discriminación, muchas de ellas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.
En paralelo, México cuenta con una de las legislaciones más progresistas en derechos LGBTIQ+ de América Latina: matrimonio igualitario, reconocimiento de identidad de género, leyes contra la discriminación. Sin embargo, la brecha entre el papel y la realidad aún es abismal.
No hay cifras oficiales sobre cuántas personas LGBTIQ+ desplazadas viven en México. Las OSC calculan miles, pero la ausencia de registros sistemáticos —incluidos los crímenes de odio— contribuye a su invisibilidad. Según el último reporte publicado por Letra S, en 2024 se registraron al menos 80 asesinatos de personas LGBTIQ+ en México, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior y un total de 233 homicidios en los últimos tres años. Estas cifras, basadas únicamente en casos reportados por medios de comunicación, podrían ser el doble si se consideraran los que no fueron documentados oficialmente. Según la ENDISEG 2021 del INEGI, en México 1 de cada 20 personas mayores de 15 años se identifica como LGBTI+, lo que equivale a más de 5 millones de personas, de las cuales 316,258 se reconocen como transgénero o transexuales, incluyendo 147,914 mujeres trans. En 2024, 55 mujeres trans fueron asesinadas, la cifra más alta en tres años, lo que confirma una preocupante alza en la violencia transfeminicida, con una tasa estimada de 37.1 homicidios por cada 100,000 mujeres trans, siete veces mayor a la tasa de mujeres cis (5.4).
Una protección limitada
¿Es México un país seguro para quienes buscan reconstruir su vida como personas desplazadas LGBTIQ+?
Pese a las garantías constitucionales e internacionales que reconocen el derecho al asilo y la no discriminación, la integración de personas LGBTIQ+ desplazadas sigue marcada por la exclusión. Quienes llegan al país desde el extranjero enfrentan obstáculos en la obtención de sus documentos migratorios, lo cual complica sobremanera el acceso a vivienda digna, empleo o servicios de salud. La lentitud burocrática de los servicios migratorios y de asilo, el desconocimiento legal por parte de empleadores, y la discriminación abierta por identidad u orientación sexual son barreras comunes.
El problema también es interno. Estados como Veracruz o Guerrero generan personas desplazadas mexicanas que, al ser LGBTIQ+, enfrentan triple estigmatización: por su identidad, su movilidad forzada y su situación socioeconómica. Y aunque recientemente se prohibieron las llamadas “terapias de conversión”, muchas siguen existiendo bajo otros nombres.
La integración, más allá de cruzar fronteras internacionales
Integrarse no es solo llegar. También implica poder acceder a servicios básicos, como son el empleo, salud y vivienda dignas, así como establecer vínculos con la comunidad de acogida y vivir sin miedo. Pero en México, el proceso de integración está plagado de obstáculos estructurales, además de carecer de políticas públicas claras para la integración de personas extranjeras.
Los datos recabados en la investigación que llevo a cabo desde febrero de 2024 en Ciudad de México y Monterrey, revelan una serie de retos de crucial importancia:
- Documentación y empleo: Obtener el estatus de refugiado puede tomar más de siete meses, durante los cuales es difícil conseguir trabajo formal. Muchas empresas se rehúsan a contratar por temor o desconocimiento legal. Además, muchas personas trans o no binarias abandonaron la escuela tempranamente por acoso, lo que limita su inserción laboral y las empuja a empleos informales o estigmatizados.
- Vivienda segura: Encontrar un lugar digno para vivir es otro reto. A menudo, caseros se niegan a rentar a personas trans o hacen propuestas abusivas. Como relató Itzel (pseudónimo), una mujer trans mexicana: “Pregunto si hay problema con que sea trans y ahí dejan de responder. O me dicen que puedo pagar de otra forma”.
- Acceso a salud integral: A pesar de que México ofrece servicios públicos, muchas personas entrevistadas denuncian maltrato, prejuicios o desconocimiento por parte del personal médico. Algunas relatan prácticas ilegales como pruebas de VIH sin consentimiento en espacios laborales.
- Redes de apoyo: Las personas refugiadas a veces reciben apoyo desde sus países o familias. Pero muchas personas mexicanas desplazadas han roto lazos con sus redes de origen. “A mí nadie me llama”, dice María, una mujer bisexual mexicana. En ese vacío, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se convierten en la única red de contención: ofrecen refugio, asesoría, apoyo emocional y, sobre todo, un lugar donde ser.
Un panorama global que se endurece
Las personas LGBTIQ+ en contextos de tránsito y desplazamiento criminalizados dependen del asilo y del reasentamiento en terceros países como mecanismos vitales de protección. Sin embargo, el espacio global para el asilo se está reduciendo: en 2024, menos del 5% de quienes necesitaban reasentamiento lo obtuvieron, según el último reporte de Rainbow Railroad. Estados Unidos, históricamente un país de acogida, ha restringido gravemente el acceso al asilo: en los primeros días de una nueva administración, se suspendió el Programa de Admisión de Refugiados, se eliminaron referencias a personas trans en sitios oficiales y se prohibió su servicio militar. Incluso se ha calificado la migración como una “invasión”. Esto ha dejado a personas desplazadas LGBTQI+ varadas en condiciones precarias.
¿Y ahora qué?
Ante las actuales políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, México tiene la oportunidad histórica de convertirse en un referente global en materia de protección e integración para personas LGBTIQ+ desplazadas. Como parte de este estudio, una gran mayoría de las personas entrevistadas expresaron sentirse bien en México. Muchas llegaron con la idea de que era un país peligroso y poco amigable, pero al establecer vínculos con el pueblo mexicano y construir redes de apoyo con la ayuda de la sociedad civil, comenzaron a considerar seriamente quedarse. Sin embargo, en varios casos, la falta de acceso a un trabajo digno o a servicios básicos de salud empujó a estas personas a buscar asilo en Estados Unidos. Dos personas que participaron en el estudio y que posteriormente obtuvieron asilo en ese país compartieron desde allá su experiencia: una de ellas manifestó su deseo de regresar a México cuando resolviera su situación de salud, ya que en México nunca recibió atención médica adecuada; la otra afirmó que, de haber encontrado empleo en México, jamás habría migrado al norte. Estos testimonios reafirman que, si se fortalecen las condiciones de integración, México puede consolidarse como un país verdaderamente seguro y acogedor para quienes han sido expulsados de sus lugares de origen por ser quienes son.
La integración de personas LGBTIQ+ desplazadas no se logra solo con leyes bien redactadas. Se requiere agilizar trámites migratorios y de refugio, capacitar a empleadores, autoridades y personal médico, garantizar el acceso real a salud, vivienda y empleo sin discriminación, financiar refugios y programas comunitarios que ya están haciendo esta labor con pocos recursos…
Lo que está en juego es más que el cumplimiento de normas: es el derecho a vivir con dignidad. México puede ser un país de acogida donde todas las personas puedan vivir libres y seguras. Pero para ello, hay que pasar del discurso al compromiso, de las leyes a las acciones concretas. Y entender que vivir sin miedo no debe ser un privilegio, sino un derecho para todxs.
Doctora en Antropología Social
Centro de Investigación y Docencia EconómicaEmail: ester.serra@cide.edu
