Por: Itzayana Borgua
En el año 2023, la minuta sobre la reforma a la carta de antecedentes penales quedó estancada en la Cámara de Diputados, dejando a aproximadamente 3,941[1] con la incertidumbre y con la esperanza de que se abra un camino hacia la reinserción laboral en nuestro país.
Con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de diciembre de 2024, 420 personas obtuvieron libertad anticipada bajo vigilancia[2]. Sin embargo, al no haber recuperado completamente su derecho al libre tránsito, se ven limitadas para buscar oportunidades laborales que les brinden seguridad social.
Por otra parte, aproximadamente 3,941 personas que han egresado de prisión se encuentran sin un empleo formal y, en consecuencia, sin acceso a prestaciones laborales como el seguro social. Esto se debe, en gran medida, a que la carta de antecedentes penales sigue siendo una barrera significativa para la reinserción laboral.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 18, establece que "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad". Desafortunadamente, la realidad muestra que la carta de antecedentes penales sigue siendo un obstáculo para que las personas que han cumplido su condena puedan reiniciar sus vidas.
Un caso concreto que ilustra la dificultad que enfrentan las personas con antecedentes penales para encontrar empleo es el de "V". Después de salir de prisión hace aproximadamente dos años, "V" buscó trabajo en siete lugares diferentes antes de encontrar su empleo actual. Su búsqueda no estuvo exenta de obstáculos. Fue rechazado en cinco de esos lugares debido exclusivamente a sus antecedentes penales, mientras que en dos de ellos, además de su antecedentes, también enfrentó discriminación por su edad.
Afortunadamente, "V" finalmente encontró un empleador que comprendió que el sistema judicial ya había cumplido su función y que todas las personas que salen de prisión tienen derecho a empezar de cero. Gracias a esta oportunidad, "V" puede proveer a su hogar y reconstruir su vida.
Este caso destaca la importancia de brindar oportunidades de empleo a las personas que salen de la cárcel, y de no juzgarlas exclusivamente por su pasado. Como lo establece la Constitución, todas las personas tienen derecho a la reinserción social y a la igualdad de oportunidades, y por supuesto, visibiliza lo fundamental de que empleadores y la sociedad en general trabajen juntos para hacer realidad este derecho.
Es cierto que la situación laboral en México es compleja, tanto para aquellos con antecedentes penales como para los que nunca han estado en prisión. Sin embargo, esta realidad no debe ser una excusa para ignorar el impacto que los empleadores pueden tener en la lucha contra la discriminación y en la promoción de la reinserción laboral.
En efecto, aquellos que tienen la capacidad de emplear a otras personas tienen en sus manos una oportunidad única de hacer una diferencia. Al considerar a candidatos con antecedentes penales y brindarles una oportunidad justa, los empleadores pueden contribuir significativamente a combatir la discriminación y a facilitar la reinserción laboral. Aunque como en el caso de “V” lo ideal sería que ningún empleador solicite antecedentes a fin de no estigmatizar a las personas que ya fueron juzgadas por el sistema judicial.
De esta manera, los empleadores pueden ser agentes de cambio positivo, ayudando a romper el ciclo de exclusión y marginación que enfrentan muchas personas egresadas del sistema de justicia penal. Al hacer visible su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, los empleadores pueden inspirar a otros a seguir su ejemplo y contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa.
Además, es bien sabido que la falta de oportunidades laborales es un factor clave que contribuye a la reincidencia delictiva. Cuando las personas no tienen acceso a empleos dignos y bien remunerados, pueden sentirse obligadas a recurrir a actividades ilícitas para satisfacer sus necesidades básicas. Al proporcionar oportunidades laborales a este sector, se puede romper con el ciclo de pobreza y delincuencia.
Por lo anterior, las y los Diputados tienen en sus manos la capacidad de cambiar la situación y promover una sociedad más justa y segura. De aprobar la minuta, darían un gran salto que combatiría la discriminación laboral basada en antecedentes penales, enviarían un mensaje claro de que se valora la reinserción social, y se daría un paso importante hacia la prevención del delito.
Este es justamente, uno de los retos que enfrenta esta administración, abordar este tema que requiere de un análisis exhaustivo, ya que cerrar la puerta a esta oportunidad significaría un error grave para el derecho al trabajo, mientras que aprobarla sería un paso firme hacia el principio de no discriminación y el derecho a la reinserción social, tal como lo establece la Constituyente.
Activista en temas de reinserción social
@Itzayana_Borgua
[1] Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024. Véase en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipef/2024/doc/cnsipef_2024_resultados.pdf
[2] Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Véase en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/966472/CE_2024_12.pdf
